El presidente del Consejo se manifestó preocupado por la necesidad de modernizar la normativa en este ámbito, con una ley que actualmente data de 1999, de manera de «evitar que nuestros datos se transformen en un botín político y se utilicen con precisión militar en contra nuestra».

Se busca que cuanto antes la Cámara de Origen revise los cambios que se estudiaron en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, así como los que hizo el Ejecutivo esta semana.

En igual período, también creció en un 90 por ciento el número de personas absueltas tras ser sometidas a esta medida cautelar.

Éstas apuntan a facilitar que la comunidad se pronuncie en el proceso de Declaración de Impacto Ambiental; resguardar los humedales llamados turberas, cuya vegetación ha comenzado a comercializarse; y proteger las áreas silvestres de pavimentación u otras intervenciones.

El Tribunal rechazó la acción de tutela laboral, tras establecer que el cargo que ocupaba el demandante, además de su carácter técnico, posee un perfil eminentemente político.

El Tribunal acogió la acción judicial, tras establecer la existencia, desde antes de 1935, de la servidumbre demandada, por lo que dispuso su registro en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de Gendarmería al abrir investigación administrativa en contra de los recurrentes.

El Tribunal sostuvo que «existen motivos plausibles que determinan la necesidad de asegurarle a la demandante los resultados del juicio a través de la medida precautoria solicitada, habiéndose señalado para tales efectos bienes en cantidad suficiente al monto del perjuicio reclamado».

El Tribunal acogió la demanda deducida y condenó a la concesionaria del Transantiago a indemnizar a víctima y su hijo, por su responsabilidad en el accidente registrado en septiembre de 2012, en la Avenida Pajaritos, comuna de Maipú.

El Tribunal rechazó la solicitud de reapertura de la investigación planteada por el Consejo de Defensa del Estado con el objetivo de alzar el secreto bancario y peritajes a la cuenta corriente que habría abierto el imputado Marco Enríquez-Ominami, para el financiamiento de campaña política.