La Armada expuso que el costo de mantención de las unidades navales guarda directa relación con el grado de actividad de las mismas y que su presupuesto anual financia las labores de mantenimiento asociadas a las actividades de carácter militar, pero no considera costos de navegación en acciones ajenas a las institucionales.

La embajada demandada trazó una línea argumental entre las contrataciones que relacionó con la situación migratoria del trabajador: mientras permaneció aquí con visas «de cortesía» no tenía residencia, por lo que no era posible contratarlo conforme a las leyes argentinas.

En el recurso de apelación se alega que la resolución impugnada ésta permite continuar la tramitación del procedimiento de remoción sin que la reclamante haya cumplido el requisito señalado en el artículo 17 N° 3 de la Ley N° 18.593.

La normativa vigente no establece sanciones a los Diputados que se ausenten de su trabajo en Comisión.

El RGPD establece bajo que supuestos específicos se pueden ejercitar acciones judiciales ante los tribunales de otros Estados miembros para la protección de datos personales transnacionales.

En su resolución, la Magistratura constitucional sostuvo que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, toda vez que el requerimiento carece de fundamento razonable.

Es necesario de regularizar a más de 30.000 funcionarios municipales que se encuentran sobre el porcentaje permitido de contratación a plazo fijo en las entidades administradoras de salud a través del llamado a concursos públicos.

Podrá ser oída toda persona o institución y organizaciones representativas de los intereses involucrados en el conflicto jurídico-constitucional que deberá resolver la Magistratura.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución que sancionó a la reclamante con la suspensión por 90 días del registro de libre elección, al pago de una multa de 109 UF y a la restitución de la suma de $1.527.550.

El Tribunal de alzada ratificó la resolución apelada, dictada por el 13° Juzgado Civil de Santiago, que declaró la prescripción de la demanda.