La gestión pendiente incide en autos ejecutivos, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras de San Fernando, en actual conocimiento de la Corte de Rancagua, por recurso de apelación.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales a la igualdad ante la ley, a desarrollar actividades económicas y a la propiedad.
En su oportunidad, la Corte de Valparaíso indicó que no puede advertirse una actuación ilegal del recurrido que importe una vulneración a la libertad personal o seguridad individual del amparado.
La Corte Suprema concluyó revocando la sentencia apelada, y en su lugar se declara que el recurso de protección deducido es admisible, debiendo dársele la tramitación correspondiente.
La requirente estima que el precepto impugnado vulneraría los principios de supremacía constitucional y de juridicidad.
El autor señala que la Corte Penal Internacional (CPI) está muy lejos de haber cumplido con las expectativas generadas cuando se sancionó. Un puñado de casos contradictorios, con enormes deficiencias de la Fiscalía, es el resultado de casi veinte años.
El recurrente fue cambiado del servicio de diálisis al de pabellón.
La Corte Suprema concluyó revocando la sentencia apelada, y en su lugar dispuso que se acogiera la acción de protección deducida.
La recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional del debido proceso.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de la vida privada, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y el de propiedad.
