El máximo Tribunal estimó que la autoridad recurrida se encontraba legalmente facultada para no renovar los servicios a contrata de la parte recurrente.
El recurso de nulidad fue deducido contra la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Arica que acogió la demanda interpuesta por nulidad de despido, despido injustificado y cobro de prestaciones.
Los recurrentes estimaron vulnerados sus garantías constitucionales de integridad física y psíquica.
El órgano contralor concluyó que todos los trabajos necesarios para dar cumplimiento a la normativa se encuentran comprendidos en el precio a suma alzada pactado y, por tanto, que no corresponde que el servicio asuma el costo de su ejecución.
Las gestiones pendientes inciden en autos sobre sobre cobranza laboral, seguidos ante los Juzgados de Letras del Trabajo de Puerto Montt y Coyhaique, en actual conocimiento de las respectivas Cortes de dichas ciudades.
El problema derivaba de que un Real Decreto de 2012 derogó la vieja norma de 1967 que venía regulando la asistencia sanitaria en caso de accidente de trabajo.
La gestión pendiente incide en juicio sobre querella infraccional, seguidos ante el Juzgado de Policía Local de Pozo Almonte.
La sentencia señala que la adopción de la medida referida convirtió al órgano que la adoptó en Comisión Especial.
Los hechos se remontan a diciembre de 2013, cuando se presentó en una reunión un informe de riesgos psicosociales del Departamento de Policía Local.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar al considerar que hubo infracciones al debido proceso.
