Corte de Santiago señaló que no está dentro de las facultades de la recurrida abogada, la de tener acceso a tales documentaciones que son confidenciales.
Los solicitantes reclamaban que el Ministerio de Educación no les transfirió la subvención anual de apoyo al mantenimiento de los establecimientos educacionales.
El ente contralor indicó que esto, toda vez que funcionaria se ha desempeñado en calidad de destinada en una unidad penal.
La Magistratura Constitucional constató que las normas del proyecto bajo análisis fueron aprobadas en ambas Cámaras del Congreso Nacional con las mayorías requeridas por la Carta Fundamental, y que no se suscitó cuestión de constitucionalidad a su respecto durante la tramitación del proyecto.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
El Tribunal Supremo concluyó que «el delito quedará consumado si ha sido efectiva la comunicación de la existencia de esa misma llamada efectuada por quien tiene prohibida la comunicación».
El máximo tribunal peruano estimó que, aún cuando los hechos imputados al actor se llevaron a cabo fuera del horario de trabajo, (aproximadamente 23:00 horas del día 17 de marzo de 2016), ello no eximió que su actuar pudo haber generado daños a terceros.
El Tribunal Constitucional del país andino señaló que, la Constitución reconoce el derecho de defensa y que el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha anotado que el derecho a la defensa comporta en estricto el derecho de no quedar en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso penal
El Tribunal de Alzada indicó que, no es posible enmarcar la actuación de la recurrida dentro de la legalidad, y tampoco cabe calificarla de razonable y prudente.
El objetivo principal del proyecto ingresado es modificar el Código del Trabajo para incorporar a las estaciones de servicio de venta de combustible.
