No obstante, para el año 2024, las jefaturas de los servicios públicos pueden eximir del control horario de la jornada de trabajo hasta un 20% de su dotación, teniendo preferencia para acceder al beneficio los funcionarios o funcionarias que tengan bajo su cuidado a niños y niñas menores de 14 años o una persona con dependencia severa.

La reducción de la jornada de trabajo se producirá de manera gradual a partir del día 26.04.2024 y continuará hasta el 26.04.2028, llegando en esa fecha a las 40 horas.

La demanda afirmaba que el comerciante de arte, quien actuó como agente de Rybolovlev durante más de una década, estaba llevando a cabo «negociaciones reñidas con los vendedores» en nombre del magnate ruso. Se alegó que habían “inflado” los precios de venta reales en casi un 100%.

Precisa que el reglamento tipo para condominios a que se refiere el artículo 1° transitorio de la Nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria, no requiere ser sometido a consulta pública.

El tribunal de base calculó sólo 8 horas por día, lo que se aleja del mandato del artículo 348 del Código Procesal Penal, y afectó la libertad personal del imputado, pues de haber efectuado el cálculo del abono correctamente, el tribunal hubiera tenido que dar por cumplida la pena del acusado, ya que los días abonados en total sumaban 633 días, en circunstancias que el recurrente fue condenado a 541 días.

Los procesamientos indebidos, que fueron reconocidos por el Estado se inscriben en un contexto más amplio de actos de violencia, de estigmatización, de desprestigio y de descrédito hacia los integrantes y dirigentes del partido político UP quienes eran sistemáticamente señalados como auxiliadores de la guerrilla. En ese marco, se produjeron vulneraciones a los derechos que se extienden más allá de las esferas de los derechos al debido proceso y a la libertad personal.

También la norma impugnada establece que quienes ejerzan las conductas de acoso sexual y/o abuso sexual, serán siempre inhabilitados, en forma perpetua, para participar en organizaciones deportivas, lo que el requirente alega que infringe la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo, la libertad para realizar una actividad económica, los principios de proporcionalidad, de legalidad y de reserva legal, desde que, la sanción impuesta lo priva del ejercicio de su profesión de maestro de equitación.

Los recurridos carecen de calidad indígena, y no fue encontrada ninguna comunidad indígena en que se encuentren afiliados, informó CONADI. La conducta de las personas que ocupan irregularmente el terreno es ilegal, pues se trata de vías de hecho que alteran el estatus quo y afectan la garantía constitucional de igualdad ante la ley del recurrente al despojarlo de su propiedad soslayando el estatuto jurídico aplicable.

No existe antecedente que acredite que los recurridos realizaron los actos que se les imputa, como la instalación de cercos y trancas en el predio de los recurrentes, alegación que por lo demás flaquea, por resultar efectivo que el domicilio de al menos dos de los recurridos se encuentra en la Región Metropolitana.

Se trata de una obra original y su elaboración es el resultado de un proceso de toma de decisiones sucesivas y complejas, desde el punto de vista sistemático y de expresión de contenidos, donde es perceptible el carácter del profesional que lo suscribe. Se asimila a un “informe forense”.