En las audiencias, la CIDH recibió información de los Estados y de la sociedad civil acerca de diversos temas. Entre ellos, se discutió el contexto de las personas solicitantes de asilo y refugiadas nicaragüenses en Costa Rica, pueblos indígenas y la libertad de religión en Nicaragua, así como la libertad de expresión, libertad académica y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas en Guatemala.

La Magistratura Constitucional señaló que en el caso concreto la querella se refiere a delitos de especial gravedad y sobre los cuales pesan obligaciones estatales. En estas circunstancias, la garantía de racionalidad y justicia de la investigación penal no solo se expresa en el cumplimiento de requerimientos legales, como son la exclusión de sesgos mediante la exigencia de objetividad, sino también en el cumplimiento de los estándares administrativos impuestos al persecutor en virtud de la autonomía institucional del Ministerio Público.

El fallo señala que, con los antecedentes hasta aquí reunidos es posible concluir que el proceder de los funcionarios de Carabineros el día de los hechos se puede estimar propio de un actuar policial racional y consecuente con las circunstancias en que debieron hacer uso de sus armas de fuego, sin que exista ningún elemento fáctico que permita sostener lo contrario.

El tribunal de alzada descartó actuar ilegal de la autoridad fiscalizadora.

La magistrada cogió la demanda tras establecer que la empresa no justificó la causal esgrimida en la carta de despido del trabajador.

La contestación extensa, reiterativa y carente de toda lógica de la parte demandada, incidiendo en aspectos intrascendentes, no hizo sino minar la paciencia del tribunal, que si bien escuchó todos los argumentos expuestos al efecto de no incurrir en indefensión de la demandada, terminó planteándose la imposición de la multa por temeridad que ahora resolvemos.

El ministro de Educación, Nicolas Cataldo, y la subsecretaria del área, Alejandra Arratia, participaran de esta Jornada sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos, con el fin de erradicar el acoso escolar.

La Comisión no proporcionó explicaciones suficientes que permitieran saber de qué manera el acceso a las definiciones de «conducta dolosa» y de «todos los esfuerzos razonables posibles» en algunos de los contratos y a las estipulaciones de los contratos relativas a las donaciones y reventas de las vacunas podría suponer concreta y efectivamente un perjuicio para esos intereses comerciales.

Denunció que las políticas de Israel impiden el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. También destacó que otros Estados tienen la obligación de no proporcionar ayuda o asistencia que contribuya a perpetuar la presencia israelí en dichos territorios.

Consagrar la posibilidad de “limitar del esfuerzo terapéutico”, con miras a evitar el encarnizamiento u obstinación terapéutica, constituye un consenso bioético general.