La demandante fundó su recurso de nulidad en la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, como causal principal y, en subsidio de ésta, la del artículo 478 letra c) del mismo Código.
La recurrente estimó vulneradas las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 2, 3 inciso 5° y 15 de la Constitución Política.
La actuación de la demandada desconoció el mandato de protección especial a las personas en situación de discapacidad y de la tercera edad.
La gestión pendiente incide en recurso de casación en la forma y apelación, seguido ante la Corte de Santiago.
Se estimó que la controversia siempre ha estado sometida a jurisdicción, cuestión que hace naturalmente impropio que se pretenda revertir el acto impugnado por medio de la presente acción cautelar.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia del Primer Juzgado Civil de Santiago que consideró que no se probó la falta de servicio de la institución penitenciaria.
El máximo Tribunal estableció actuar arbitrario de la institución al descontar los fondos para el pago de un préstamo institucional y que no se encuentra contemplado por ley.
El máximo Tribunal estableció que hay actuar arbitrario al negar el financiamiento de del medicamento Spinraza.
El documento pide al ministerio de Desarrollo Social y Familia la realización de este registro, pues sin él no es posible diseñar políticas sociales específicas y que se sostengan en el tiempo en beneficio de estas personas.
El texto señala que no existen razones de fondo que justifiquen la distinción que actualmente se hace con niños que, por su edad y situación socioeconómica, lo necesitan.
