El requirente alega que se le impide su derecho al ejercicio de la acción penal, vulnerando también su garantía a un debido proceso.
Lo anterior, sin perjuicio de su derecho a perseguir el cobro por la vía jurisdiccional pertinente.
El pronunciamiento busca salvaguardar los principios de probidad administrativa y publicidad de las actuaciones y procedimientos que utilizan los órganos del Estado.
La Ley General de Servicios Eléctricos obliga a mantener en buen estado las líneas de suministro.
Los trabajadores requirentes alegan que la aplicación del precepto impugnado agrega trabas improcedentes a la posibilidad de recurrir de nulidad.
Si bien existe un vacío legal al respecto, el ordenamiento no prohíbe dicha técnica de reproducción asistida.
Los hechos denunciados deben ser discutidos y probados en un procedimiento especial ante un Juzgado de Policía Local, lo que se contrapone con la naturaleza cautelar de la acción de protección.
La mantención de manera indefinida de datos personales de investigaciones de las que fue objeto la recurrente y que concluyeron con sobreseimiento definitivo, constituyen un acto que carece de fundamento, pues no existe norma legal que lo autorice.
El máximo Tribunal ordenó la anulación de todo lo obrado en el procedimiento no contencioso, ya que amenaza el ejercicio del derecho de propiedad de los recurrentes.
El general en retiro Óscar Izurieta Ferrer permanecerá detenido a la espera de resolver su situación procesal en un plazo de 5 días.
