La Corte señala que los decretos de expulsión son arbitrarias por ausencia de fundamentos, afectando la libertad ambulatoria de los amparados.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Aróstica, Romero, Vásquez y Fernández.
Una cosa son las razones objetivas que justifican plenamente una eventual restricción para participar en un concurso público y otra totalmente distinta, las presunciones basadas en sospechas o simples conjeturas.
En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el artículo 84 N°3 de la LOCTC, esto es, que no existe una gestión judicial pendiente en tramitación.
El ente contralor indicó que lo mencionado tiene carácter de normativa especial, puesto que resulta aplicable solo a los casos y funcionarios que expresamente prevé, de manera tal que prevalece sobre la preceptiva general, contenida en el Código del Trabajo.
La Magistratura Constitucional española concluyó que los órganos judiciales han ponderado de manera constitucionalmente adecuada la concurrencia de datos objetivos y constatables que permite fundamentar la existencia de un riesgo relevante de reiteración delictiva.
La Corte Suprema por su parte, revocó la sentencia apelada y dispuso que en síntesis que, es posible concluir que el acto recurrido es ilegal y arbitrario.
La Corte de Puerto Montt indicó que, resultó evidente que ésta no es una materia que corresponda ser resuelta por medio de la presente acción cautelar.
El máximo Tribunal indicó que, del mérito de los antecedentes, apareció de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se mencionó hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
El recurrente fue juzgado por un procedimiento disciplinario, establecido en la Ley y con existencia anterior a la perpetración de los hechos investigados
