El ente contralor sostuvo que la práctica profesional de los egresados de derecho constituye una obligación legal para quienes pretenden obtener el título de abogado, la que se encuentra totalmente regulada en la ley y su reglamentación complementaria.

Los hechos descritos en la exposición razonada mandada por el Juzgado de Barcelona y atribuidos a la diputada, «podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental».

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

El ente contralor indicó que Resolución emitida por funcionario incompetente y luego convalidada por el competente, constituye acto legítimo.

La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de casación en el fondo, seguidos ante la Corte Suprema.

La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de protección, seguidos ante la Corte de Santiago.

La Corte de Puerto Montt indicó que, el acto impugnado adoleció de arbitrariedad en cuanto no se hizo cargo de un análisis exhaustivo y subjetivo del caso en cuestión.

El Tribunal Supremo de España rechazó un recurso de casación y confirmó una condena de 5 años de prisión para una técnico superior de laboratorio del hospital universitario Miguel Servet, de Zaragoza, por los delitos de riesgo y de falsedad en documento público.

El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 9 y 24.

Se está en presencia de hechos que ofendieron a personas naturales ajenas a la universidad, al proferir comentarios que dicen relación con condiciones de salud y rasgos de identidad.