La propuesta desatiende valiosos aprendizajes institucionales y tradiciones constitucionales, como la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en cuanto al gasto público.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que el castigo impuesto era desproporcionado y contrario a la libertad de expresión, título invocado por los afectados para pedir la anulación de la condena por el Supremo.
La normativa, publicada en el Diario Oficial, establece los plazos de inscripción para este proceso, señalando que «quienes manifiesten su voluntad de recibir aportes y efectuar propaganda electoral para el próximo plebiscito, deberán inscribirse en el Servel en un plazo de 3 días a partir de la publicación del decreto convocatorio presidencial».
El Tribunal de alzada ratificó en todas sus partes la sentencia de primera instancia.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e injustificado de la demandada al mantener interrumpido el servicio desde agosto del año pasado, por lo que ordenó, además, oficiar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones para que fiscalice la correcta ejecución de lo resuelto.
El máximo Tribunal descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que estableció la responsabilidad por falta de servicio, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud y la municipalidad, al no adoptar las medidas necesaria para mantener bajo control a los perros vagos.
La organización Jackson buscaba anular una ley del estado de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo (tres meses y medio) a menos de que sea un caso médico de emergencia o que exista una anormalidad fetal severa.
Aunque su categorización como humedal urbano estaba en tramitación al interponerse la acción de protección, era posible reconocerlo como un ecosistema existente, por lo que podía y debía ser objeto de protección.
Las multas cursadas como consecuencia de una infracción fundada en un Reglamento declarado previamente ilegal por sentencia judicial firme son improcedentes y corresponde su restitución a los sancionados.
El órgano de la Administración argumentó su negativa en la falta de personal disponible para satisfacer la solicitud cursada, en razón del volumen de la información que se pedía analizar y el tiempo necesario para ello.
