La propia Ley de Transparencia permite la exclusión de la entrega de información, ejerciendo el derecho de oposición por motivo fundado de cada particular. Por esta razón, NIC Chile se encuentra en proceso de preguntar, a través del correo electrónico del contacto administrativo del titular, si desea excluir su propio nombre de dominio en el listado que deberá entregar.

Marcado por las bajas cifras de desarrollo y con la palabra «incertidumbre» en gran parte de las intervenciones, el ente emisor proyecta un crecimiento de 1% para el presente año y de entre 0,5% y 1,5% para el 2020.

Entre las propuestas presentadas en las cuentas de las sesiones de la presente semana también se abordan modificaciones al Código del Trabajo y a la Ley General de Servicios Eléctricos.

A la sesión se encuentran citados los ministros de Hacienda, de Economía y de Trabajo, para que expliquen las medidas que el Gobierno está adoptando para ayudar a este sector económico.

El Tribunal de alzada condenó a Antonio Benedicto Quirós Reyes, Juan Francisco Saavedra Loyola, Daniel Luis Gimpert Corvalán, Manuel Agustín Muñoz Gamboa, Raúl Horacio González Fernández, Juan Atilio Aravena Hurtuvia, Ernesto Arturo Lobos Gálvez y Miguel Arturo Estay Reyno a penas de 10 años y un día de presidio, como autores de delito.

El Tribunal de alzada rechazó, con costas, el recurso de queja deducido en representación de la empresa Pedidos Ya S.A.

El Tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada y, en su lugar, dio lugar en todas sus partes a la demanda deducida por el Consejo de Defensa del Estado, condenando a la demandada al pago de $5.145.478.

El máximo Tribunal desestimó el recurso de unificación intentado por la parte demandada, en contra de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

Se espera que este día viernes el recurrido ANFP adopte una determinación al efecto.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Tercer Juzgado de Policía Local, el 7 de agosto pasado, con declaración que se aumenta el monto de la indemnización por concepto de daño moral a 20.000.000.