Aquellos que padecen colitis ulcerosa y mal de Crohn han denominado a esta norma como “ley No Puedo Esperar” haciendo referencia a la urgencia de utilizar el baño.
El requirente estima que la ausencia de parámetros objetivos para que el juez rebaje el precio mínimo de la subasta y la falta de oportunidad procesal para oponerse transgrediría sus garantías constitucionales.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
El máximo Tribunal confirmó la prescripción de la acción de cobro de pagaré, por transcurrir más de un año entre que la obligación se hizo exigible y la notificación de la demanda ejecutiva.
Al no dictar un acto administrativo que contenga de manera escrita y fundada la decisión de cesar el pago de la asignación, se incurrió en una omisión ilegal que posee la aptitud para perturbar el derecho de propiedad de la actora sobre sus remuneraciones.
El requirente estima que el presupuesto que permite aplicar el procedimiento militar no justifica someterlo a un proceso carente de garantías.
La masiva entrada de migrantes por pasos no habilitados, como el de la comuna de Ollagüe, la que no cuenta con las medidas de control sanitario necesarias, pone en riesgo la salud de la población local.
La empresa acusó al Estado de apropiarse y ocupar las obras ejecutadas, enriqueciéndose ilícitamente.
Las requirentes, dos empresas salmoneras, estiman que la normativa impugnada amplía el concepto de información pública más allá de los límites establecido por la Constitución.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Santiago, que confirmó la de primera instancia que acogió la demanda y ordena a la empresa pagar una indemnización equivalente al 8% de los ingresos brutos totales por la venta de entradas, previa deducción del IVA, y una multa de 5 UTM, por infracción a la Ley N°17.336, sobre propiedad intelectual
