Al aludirse a delitos específicos, más que a reglas generales, se corre el riesgo de que a contrario sensu pudiera entenderse que respecto de los no mencionados los acuerdos reparatorios no serían procedentes.
Por lo anterior, no puede estimarse que las infracciones denunciadas influyeron sustancialmente en lo dispositivo del fallo.
La norma impugnada comprende un completo test acerca de la validez procesal de las presunciones, y exige un conjunto amplísimo de conexiones y requisitos, cuya consecuencia es, precisamente, reducir la arbitrariedad judicial.
A pesar de ser entidades creadas bajo el Derecho Privado, ejercen funciones públicas y reciben recursos fiscales, por lo que, en virtud del principio de supremacía de la realidad, deben considerarse órganos públicos para efectos de la aplicación de determinadas regulaciones de Derecho Administrativo.
La sentencia de alzada cumplió con todas las exigencias previstas en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.
Lo anterior reconoce fundamentos vinculados a la seguridad jurídica y a la economía procesal.
Alega que la resolución de inadmisibilidad recurrida tuvo como único fundamento la falta de legitimación activa del municipio, la que sí concurre en la especie conforme a lo dispuesto en la Constitución, en la Ley N° 19.300 y a lo sostenido por la jurisprudencia de la Corte Suprema.
La Sala del Senado otorgó su contundente respaldo a esta iniciativa que apunta a identificar y desbaratar las bandas de crimen organizado para defraudar.
Para que no haya cambios en la duración de los mandatos y se respete lo que establece el actual texto constitucional.
La sentencia condenó a Juan Tapia Pacheco a 8 años de presidio como autor del ilícito; a Jorge Escobar Cantillana y Carlos Ruiz Medrano a 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional, por su responsabilidad como encubridores y a Víctor Geraldino González y Luis Zapata Torres a 100 días de presidio, por el mismo grado de participación anterior.
