Si bien la ley sigue vigente en toda Florida, la orden judicial preliminar se extenderá hasta que se dicte una sentencia de fondo a finales de este año. La orden se produce después de un acuerdo en un caso de derechos civiles sobre leyes similares.

El máximo Tribunal sostuvo que los ministros recurridos aplicaron correctamente el artículo 19 de la Ley N°18.410, que exige la consignación en el tribunal, por un monto equivalente al 25% del total de la multa, como parte del examen de admisibilidad del reclamo, pago que en la especie la quejosa no realizó.

El beneficio es solo uno, aunque sean dos los hijos que padecen una enfermedad grave.

La empresa está facultada para adoptar esa decisión y es adecuada a las condiciones de trabajo porque solo afecta a los vigilantes que prestan servicio de cara al público en las dependencias del centro comercial que dispone de aire acondicionado, sin extender esa exigencia a quienes trabajan en otros puestos de trabajo diferentes.

La propuesta establece que tratándose de un imputado respecto del cual existen antecedentes de haber cometido un delito con arma de fuego y en que la víctima sea un niño, si la resolución denegare su prisión preventiva, el juez deberá indicar de manera precisa las razones, fundadas en hechos y circunstancias del caso, que permitan descartar que la libertad del imputado sea peligrosa para la sociedad.

Si bien las obligaciones jurídicas que surgen para los Estados en virtud de la Convención se extienden a aquellas personas actualmente vivas que, en un momento dado, caen dentro de la jurisdicción de una Parte Contratante determinada, está claro que es probable que las generaciones futuras soporten una carga cada vez mayor, a causa de las consecuencias de los actuales fracasos y omisiones en la lucha contra el cambio climático.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el principio de seguridad jurídica, desde que, a pesar de que el Servicio Nacional de Pesca y Agricultura no ha realizado gestión alguna en el proceso desde junio de 2022 a la fecha, no puede solicitar el abandono del procedimiento, sin que exista una razón para tal negativa.

La funcionaria no ha tenido oportunidad alguna de ejercer su defensa ante tales imputaciones o argumentar respecto de las conductas que se le atribuyen o de la pérdida de confianza del alcalde a la que se ha acudido, desde ese punto de vista, resulta arbitrario el término de sus servicios.

Existe vulneración de las normas internacionales sobre derecho humanitario, en particular la Convención de Belén do Pará, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Existe consenso sobre la falta de expectativa razonable de privacidad en los lugares o espacios públicos. En efecto, no se encuentra discutido en el caso que, todas las actividades captadas por las cámaras de seguridad cuestionadas tuvieron lugar en la vía pública, ámbito que por su propia naturaleza, no se encuentra comprendido dentro de aquellos espacios de reserva.