Se estimó que actuación del Juez de la causa devino en arbitraria e ilegal al haber desestimado la solicitud de la defensa, no obstante existir antecedentes que hacían procedente la suspensión del procedimiento.
El requirente estima que el precepto impugnado vulnera el principio de juridicidad.
Dichas limitaciones dicen relación con que dichos servidores sólo podrán percibir dieta o remuneración por la participación en uno de ellos, observando el tope de veinticuatro unidades tributarias mensuales por dicho concepto.
Se estimó que se requerirá a la reclamada proporcionar al reclamante, copia digital, en formato PDF, de la información requerida, previo pago de los costos directos de reproducción, -de proceder éstos.
El ente contralor indicó que la observación efectuada en su informe final N°1.081, de 2015, obedece a que la construcción fue ejecutada de forma directa por la Universidad Andrés Bello, prescindiendo de la preceptiva que rige la contratación de obras públicas.
El recurrente estimó vulnerado su derecho a la integridad psíquica y a la propiedad.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 3, N°16 y N°24 de la Constitución Política.
La gestión pendiente incide en autos sobre apelación de recurso de protección, de que conoce la Corte de Valparaíso, en los que se cuestiona la legalidad del aumento del plan de salud que efectuó la Isapre Cruz Blanca S.A. por la incorporación de un hijo al grupo familiar.
Se concordaron un conjunto de proposiciones que apuntan a fortalecer las funciones claves que el TC desempeña en nuestra democracia constitucional.
Los legisladores buscan «coherencia constitucional» en el proyecto que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil.
