El Tribunal de alzada consideró que la solicitud es improcedente por mandato legal y constitucional, normas que establecen la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de protección, seguido ante la Corte de Santiago.

El Tribunal ejerció la facultad prevista en el artículo 453 N°1 del Código del Trabajo.

La falta de análisis de la confesional de la demandante fue determinante para el desenlace del conflicto.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Pica, quien estuvo por declarar inadmisible el requerimiento al estimar que confluye la causal del artículo 84 N° 6 de la LOCTC.

La gestión pendiente incide en autos laborales seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, en actual conocimiento de la Corte Suprema, por recurso de unificación de jurisprudencia.

El ente contralor adujo que representantes de la sociedad civil tienen derecho a percibir una dieta mensual, y no como funcionarios representantes de la Administración del Estado.

La decisión, respecto de la admisibilidad del artículo 28, inciso segundo, de la Ley N° 20.285, fue acordada con el voto en contra de los Ministros Pica y Jaramillo (s), quienes estuvieron por declarar igualmente inadmisible el requerimiento en esta parte.

El pronunciamiento de la Superintendencia responde a la presentación realizada por una Mutualidad.

Es requisito para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales contar con docentes idóneos.