No existe controversia en cuanto a que el mismo asunto que sirve de fundamento a la acción constitucional deducida en estos autos está siendo ventilado ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta.
El documento concluye que no solo se trataría de exigir un cambio profundizado de normas procesales y políticas criminales, sino un cambio de mentalidad a nivel socio-cultural.
La recurrente fundó la nulidad en la causal prevista en el artículo 477, conjuntamente con la del artículo 478 c), y en subsidio la del artículo 478 b); todas del Código del Trabajo.
El cambio legal pretende fortalecer la figura del control de identidad, tanto a nivel preventivo como a nivel investigativo.
La actora sostuvo que es extremadamente vulneratorio que sin prueba alguna se le haya acusado de coludirse con un cliente para cometer un delito.
La Corte estimó que se vulneró el derecho a la consulta previa de esta comunidad, al obviar el carácter material y sustancial que tiene el reconocimiento de las comunidades indígenas y defender un acto administrativo sin considerar la realidad.
Ello por su responsabilidad en los secuestros y homicidios calificados de Ricardo Manuel Weibel Navarrete, Juan René Orellana Catalán, Luis Desiderio Moraga Cruz, Ignacio Orlando González Espinoza y de Luis Emilio Gerardo Maturana González, ocurridos entre octubre de 1975 y junio de 1976 en Santiago.
Las gestiones pendientes inciden en autos sobre recursos de apelación ante la Corte de Santiago.
El máximo Tribunal estimó que no queda más que calificar el actuar de la recurrida como ilegal y arbitrario.
El Tribunal de alzada desestimó la acción judicial tras establecer que la sentencia recurrida se dictó con apego a la ley.
