La Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de la Discapacidad -SENADIS-, consultó sobre la procedencia de que trabajadores de dicho servicio postulen a cargos del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), manteniendo su cargo de planta, en armonía con las modificaciones legales incorporadas a aquél por la ley N° 20.955.

El amparado había sido condenado por el delito de porte ilegal de armas en su país hace más de 20 años.

La recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 3 y 12 de la Constitución.

La recurrente estimó vulnerada su garantía del artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República.

Corte de San Miguel estableció que acoger tal pretensión vulnera las normas del Código Orgánico de Tribunales.

La sentencia íntegra será dada a conocer el 13 de febrero.

Recurrente estimó que se vulneró su derecho a no ser juzgada por comisiones especiales.

La Magistratura constitucional española sostuvo que no se ha vulnerado su derecho a la libertad personal ni a la tutela judicial efectiva porque las resoluciones impugnadas se fundamentan en un fin constitucionalmente legítimo ?evitar el riesgo de fuga-.

La Magistratura colombiana adujo que el Estado, en todos sus niveles, tiene el deber de garantizar el acceso a los espacios físicos de uso público de las personas con discapacidad.

La gestión pendiente incide en proceso penal seguido ante el Juzgado de Garantía de Valdivia, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad, por recurso de hecho.