El requirente alega que los preceptos impugnados tienen por objeto constituir bajo el orden procesal del juicio sumarísimo y al amparo de las normas del Código de Minería, una servidumbre para transportar por medio de cañerías o ductos agua de mar desalada desde la planta desaladora hasta el Establecimiento de Beneficio de Minera Los Pelambres, y que en el caso de aplicarse a la gestión pendiente, implicará un abuso de dicho bloque normativo al imponerle al terreno superficial una servidumbre civil voluntaria bajo la denominación de una servidumbre legal minera.

El artículo 25 de la Ley N°19.296 exige a la Contraloría General que, al tomar razón de la destitución de un dirigente revise de forma más exhaustiva los antecedentes del sumario, lo que no debe entenderse como un derecho a mantener el cargo hasta cumplir con el fuero gremial.

Se busca prohibir tratamientos de “dudosas praxis médica y de escaso rigor científico” para el tratamiento de disforia de género en los niños y adolescentes.

La Contraloría General de la República permite el cese de sus funciones mediante una ponderación especial contenida en un acto de aplicación general, de carácter anual para todos los docentes, y que resguarde las garantías de un procedimiento objetivo, justo y racional.

La nueva norma incorpora la modalidad de teletrabajo para los trabajadores que se dedican al cuidado de sus hijos o de personas en situación de discapacidad.

El programa de cumplimiento presentado para mitigar el daño ambiental debe ser evaluado por la Superintendencia del Medio Ambiente.

La iniciativa pretende modificar el estatus jurídico de cosas muebles que el Código Civil otorga a los animales, y reconocerlos como seres sintientes.

Mediante la resolución, el Tribunal detuvo la decisión impulsada por el gobierno británico, quien pretendía enviar a los migrantes hacia la nación africana.

El Tribunal estableció la responsabilidad de la empresa en el accidente que se originó debido a las condiciones físicas deficientes del conductor del vehículo de pasajeros que volcó a la altura del puente El Teniente, comuna de Ovalle, y dejó a cuatro pasajeros fallecidos y numerosos lesionados.

El máximo Tribunal descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó la de primer grado que estableció que la demanda fue presentada con posterioridad al vencimiento de los cuatro años de prescripción.