La recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2, 3 y 24.
Las recurrentes estimaron que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2 y 24.
La sentencia fue acordada con el voto en contra de los Abogados Integrantes Jorge Lagos y Diego Munita, quienes estuvieron por confirmar la resolución apelada en virtud de sus propios fundamentos.
La ley de ese país establecía que cualquier persona condenada por homicidio sería sentenciada y condenada a muerte.
La recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 18 y 24.
La Corte Suprema señaló que, tal acto se mantuvo vigente en la medida que, incluso después de deducida la acción, se realizó actos de cobranza extrajudicial a través de mensajería de texto y se publicó en el Boletín Comercial la referida deuda.
El ente contralor adujo que no altera lo anterior, la circunstancia que el proyecto correspondiera a la categoría «deporte laboral», como entiende erróneamente la recurrente.
La decisión se tomó luego de concluir que los tribunales no pueden intervenir en políticas que en este caso son responsabilidad del MOP, como la seguridad en los caminos públicos.
«La referida iniciativa legal, en síntesis, tiene como finalidad modificar ciertos aspectos que regulan la responsabilidad de las personas jurídicas, ampliando el catálogo de delitos que les pudieren ser imputables e incorporando como sanción y medida cautelar el nombramiento de un 'interventor judicial'.
El objetivo de la acción cautelar es que los periodistas y otros profesionales de medios de comunicación tengan acceso de manera oportuna a exámenes y tratamientos en caso de haberse contagiado durante el ejercicio de sus funciones, luego de que fueran convocados a puntos de prensa por la seremi de La Araucanía quien se encuentra en cuarentena tras dar positivo en el examen de Covid-19.
