La normativa actual incrementaría los niveles de violencia al interior de las comunidades estudiantiles y vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La sanción se basa en planes de manejo tramitados por el propio titular, que explicitan como objetivo la construcción de viviendas y la corta de especies para garantizar la vista de las parcelas.
El Tribual de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras de Coyhaique, que ordenó al Fisco (Ejército) a pagar $150.000.000, a hermanastra del fallecido, quien lo crió, y $50.000.000, al padre.
El máximo Tribunal estableció que los hechos que el Juzgado de Garantía de Iquique dio por probados, en procedimiento simplificado, no satisfacen los requisitos para configurar el delito de poner en peligro la salud pública, ya sea en forma concreta o hipotética.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la recurrida al autorizar la ampliación del centro comercial, en contravención al plan regulador comunal que asigna al sector un uso preminentemente residencial.
No se advierte que sea conveniente o necesario introducir cambios en la regulación constitucional al efecto, menos en una orientación que persiga debilitar estos derechos que han sido pilares esenciales del progreso de Chile.
A través de una declaración pública, los 24 senadores de oposición critican que el Gobierno presente su propio proyecto de tercer retiro y que no retire el requerimiento ingresado al Tribunal Constitucional para frenar el mismo proyecto elaborado en el Congreso.
La Sala respaldó en forma unánime, esta iniciativa que actualiza el marco legal que regula toda la actividad pública.
El máximo Tribunal revocó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, tras establecer el actuar arbitrario e ilegal del ente contralor, al no interpretar retroactivamente el dictamen que estableció que las funcionarias públicas contratadas a honorarios gozan de fuero maternal.
Se alega que infringe la igualdad ante la ley, específicamente, el principio de proporcionalidad, pues la multa que se impuso al Canal en aplicación de la norma objetada no contempla criterios objetivos, reproducibles y verificables para estimarla proporcional y razonable.
