El Tribunal de alzada acogió la acción de protección, tras establecer que el actuar omisivo de la Conadi en la especie, ha sido ilegal, arbitrario y vulneratorio de garantías constitucionales de los recurrentes.
La PDI consideró que el dinero que portaba era insuficiente para la estadía en el país.
Corte de San Miguel estimó que actuar se ajustó a procedimientos establecidos.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 1 y 24 de la Constitución.
El ente contralor concluyó que no es posible admitir en esos términos la postulación del interesado al bono previsto por la ley N° 21.043, toda vez que del análisis de los antecedentes no aparece que su empleadora haya incumplido la obligación de comunicarle oportunamente del proceso de postulación pertinente.
Corte estimó que facultad de expulsión contenida en norma reglamentaria no puede vulnerar libertad personal de amparado.
El ente contralor ordenó que Carabineros deberá adoptar, a la brevedad, las medidas tendientes a afinar el sumario ordenado en contra del solicitante, informando de ello al interesado y a esta Contraloría General en el plazo de 30 días contado desde la recepción del presente oficio.
El precepto mencionado establece que, en los casos en que se haya nombrado a un Ministro de Corte de Apelaciones integrante de la Corte Marcial como Ministro Visitador, el Pleno de la Corte Suprema puede acordar una extensión de duración en el periodo original en determinadas circunstancias.
Corte de Santiago tuvo en consideración su intención de migrar a Chile por nuevas oportunidades junto al hijo en común.
El proyecto fue presentado por el Diputado Cruz-Coke.
