Por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país altiplánico en agosto recién pasado.
El reclamante señala que fijar un plazo tan exiguo como apenas tres días hábiles a partir de la publicación de la ley es un despropósito y dificulta gravemente la participación de organizaciones de la sociedad civil en el proceso.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
El recurrente estima vulnerada las garantías del artículo 19 numerales 3, 21 y 24 de la Constitución.
No es procedente invocar un desconocimiento de las normas legales.
Es el Juzgado Civil, donde se encuentra radicada la controversia, el que debe resolverla.
El ente contralor adujo que la ausencia de propuesta pública sin la debida fundamentación tiene especial trascendencia si se considera que el objeto de la Fundación es el tratamiento, a través de múltiples operaciones, de importantes volúmenes de datos provenientes de instituciones públicas.
Los hechos establecidos en la sentencia impugnada son inamovibles, dado que no se denuncia la infracción de leyes reguladoras de la prueba.
Debido a las consecuencias ocasionadas por el Covid-19.
La magistratura debe sopesar todos los antecedentes del caso concreto.
