A la luz del artículo 42 de la Constitución, los prestadores de servicios públicos deben guiar su acción velando por la vida y la salud de sus usuarios.
Esto, a propósito de solicitud de particular respecto de la discriminación, a su juicio arbitraria, que la DGMN estaría efectuando en contra de la actividad agropecuaria, al permitir que ciertas autoridades fiscalizadoras, por encontrarse en áreas de cuarentena, no realicen los trámites relacionados con la compra de armas y municiones destinadas a la caza de fauna dañina y control de especies endémicas que ocasionan perjuicios a ese sector.
La recurrida no consideró que el amparado posee arraigo familiar y laboral en Chile.
Los hechos acusados no constituyen una “penitencia religiosa”, ya que requieren de la libre voluntad y consentimiento previo de la persona que ofrenda su flagelo.
La reclamante fue sancionada con tres multas ascendientes a 70 UTM.
La actora no logró probar los hechos en que sustentó las acciones.
El actor alegó que la remuneración se depositaba en la cuenta bancaria de su sobrino.
La reclamación y el petitorio realizado por el recurrente exceden los límites de la acción de protección.
La Audiencia Provincial de Valencia adujo que la situación enjuiciada es totalmente distinta la reducción de facturación de empresas en casos de crisis económica u otros eventos más o menos previsibles dentro del ámbito de los riesgos normales del contrato.
La consulta se realiza en el marco del proyecto de mejora del Régimen de Prestaciones Familiares que la interesada desarrolló en conjunto con la Unidad de Política Experimental de la Dirección de Presupuestos y el Banco Mundial.
