Las Administradoras de Pensiones deben remitir los remanentes que queden producto de los retiros del 10% de las cuentas de cotización individual.
No se vislumbra una afectación a la garantía prevista en el artículo 19 N°21 de la Constitución. Además, el ordenamiento jurídico establece otras instancias –jurisdiccionales y proteccionales- para discutir estos asuntos.
El Presidente de la República estará obligado en esta eventualidad a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de emergencia cada quince días mediante un informe escrito dirigido a ambas Cámaras.
Los gobiernos regionales, las municipalidades y los servicios de vivienda y urbanización respectivos podrán designar, por una sola vez, a una persona que actuará provisionalmente como administrador. Debe ser un mayor de edad y no es necesario que esté inscrito en el Registro Nacional de Administradores de Condominios.
En la audiencia técnica sobre libertad de expresión organizada por la Corte Constitucional, a propósito de este caso y en cuyo desarrollo participó una representante de Facebook en Colombia, la actriz Esperanza Gómez dijo que la decisión de eliminar su cuenta de Instagram se basó en que supuestamente habría promocionado servicios sexuales para adultos, lo que infringió las normas comunitarias de la red social.
Al tratarse de una controversia de índole contractual excede los contornos de esta acción constitucional.
Esta situación se origina medularmente en base a la verdadera indeterminación jurídica en que, desde sus orígenes, se encuentra la referida CONAF.
La recurrente redujo sustancialmente el monto indemnizatorio, al acreditar que los jueces de fondo no pudieron relacionar correctamente los hechos asentados con la infracción contenida en la letra c) del artículo 4 de la Ley N°20.169, esto es, causar descredito, mala fama, o mentir respecto de la reputación de la empresa demandante.
El mandato de protección a la familia y a la infancia prevalece y sirve de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa de una disposición que afecte a la conciliación profesional y familiar. Ello obliga a valorar las concretas circunstancias personales y familiares que concurren en el trabajador, así como la organización del régimen de trabajo.
Si el despido es declarado improcedente, el empleador debe restituir los montos que descontó, en atención al inciso segundo del artículo 13 de la Ley N°19.728 en relación con los artículos 161 y 168 del Código del Trabajo.
