Debido a la inacción del Gobierno es necesario radicar el deber de fijar precios, bajo circunstancias excepcionales, en un órgano autónomo y de carácter técnico.

El poder discrecional de los jueces y del principio de independencia del poder judicial, se encuentran limitados por la obligación de proteger la imagen y la vida privada de víctimas frente a injerencias injustificadas.

Las medidas cautelares no solo buscan precaver un peligro en la infructuosidad de la sentencia, sino que además tienen por objeto impedir los efectos negativos de los actos o conductas sometidos al conocimiento del Tribunal.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que confirmó la de primer grado que acogió la denuncia interpuesta por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de Los Lagos.

El Tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de San Carlos, el martes 25 de mayo recién pasado, que mantuvo al recurrente recluido en el anexo penitenciario Capitán Yáber de Santiago.

El máximo Tribunal estableció que los intereses se deben contabilizar desde 28 de octubre de 2015, fecha en que se dictó el cúmplase de la sentencia.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia que acogió la acción.

Uno de los principales motivos que generó esta acción, fue la diferencia observada entre votos para alcalde respecto de las personas que efectivamente votaron, los que «extrañamente» no coincidieron.

El requerimiento se da en el contexto de un reclamo de ilegalidad municipal presentado por la requirente en contra de una decisión del Alcalde de Lo Barnechea, que confirmaba la negativa de un Anteproyecto de construcción.

El actor se desempeñó para la recurrida por 11 años.