Entidades fiscalizadas por la Comisión deberán enviar información relativa a las solicitudes de portabilidad tramitadas y de los productos contratados conforme a la Ley de Portabilidad Financiera.

Los jueces deben agotar el examen de las argumentaciones que sustentan las alegaciones y defensas de las partes.

Al acoger excepción de pago opuesta por la reclamada en audiencia preparatoria se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de la actora.

Se tuvo por configurado el hecho gravado por el artículo 23 del Decreto Ley N°3.063.

La Comisión de Gobierno del Senado escuchó al Servel para conocer su opinión sobre el texto legal que propicia la participación de, entre otros, adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad. Algunos senadores ya anticiparon dudas porque la norma significaría gasto fiscal.

Las decisiones se enmarcan en una decidida línea de acción del Consejo de hacer valer su facultad fiscalizadora y sancionadora ante incumplimientos en defensa de un derecho humano como el acceso a información de organismos del Estado.

La empresa presentó el programa de cumplimiento luego que la SMA le formulara un cargo calificado como gravísimo por la ejecución del proyecto “Urbanización y Loteo Costa de Montemar VI Etapa” en el área protegida Santuario de la Naturaleza “Campo Dunar de la Punta de Concón” y afectación de duna adyacente, sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental que lo aprobara.

La instancia resolvió las discrepancias suscitadas durante la tramitación y acordó temas referidos a filiación, derechos laborales y actualización de la ley de identidad de género.

La resolución señala que, como se advierte, el recurso de casación en el fondo ve mermado el vigor de sus basamentos al no haber denunciado la vulneración de las normas que, en la especie, tuvieron el carácter de decisorias de la litis, es decir, las que sirvieron para resolver la cuestión controvertida.

La magistrada analizó el concepto de familia, entendiéndolo como dinámico y dependiente de variables sociales, culturales y regionales, sin una definición categórica en la legislación chilena e internacional, estableciendo que la madre biológica, quien se sometió a reproducción asistida, su pareja e hijo conforman una familia.