En la especie, en Ministerio Público no se infringe con ello los requisitos de los artículos 23 y 25 de la Ley N°20.000, ni se vulnera el debido proceso.
Se trata de aquellos asuntos que, de manera irrenunciable, debe discernir y decidir un tribunal con competencia en lo laboral.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia que acogió la acción.
Fiscalización a las 39 subsecretarías mostró que las 36 que respondieron a solicitudes de información, cuentan con instrumentos o procedimientos para investigar y sancionar situaciones de este tipo o estaban implementándolos en 2021, pero todas registran infracciones asociadas a su publicación en transparencia activa.
El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia que confirmó la sanción. La denuncia inicial de un particular afectado, fue corroborada en terreno y, además, existen en el procedimiento otras pruebas, consistentes en declaraciones, facturas, presentación dePharma, antecedentes provenientes de la SEREMI de Salud del Bio Bio, etcétera.
El Tribunal de alzada desestimó arbitrariedad e ilegalidad en lo obrado al considerar que los recurridos actuaron de acuerdo a sus atribuciones y mediante resoluciones fundadas.
El Tribunal de alzada descartó la solicitud de las defensas de los imputados, que consideran no estar siendo juzgados en plazo razonable.
Las principales controversias levantadas por las partes son cuatro y tienen relación con el modelo hidrogeológico, el Plan de Alerta Temprana (PAT), los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) y que la resolución relacionada resulta contraria a derecho. Ahora será el tribunal el que se pronuncie respecto a estos puntos controvertidos.
Tras denunciarse las desapariciones, la solicitud afirma que los esfuerzos estatales no habrían sido inmediatos y solo iniciaron luego de la intensa movilización de la sociedad civil, de la prensa nacional e internacional y de las redes sociales. Alegan que las medidas adoptadas a la fecha serían insuficientes dada la extensión del territorio y otros desafíos técnicos.
La Sala del Senado aprobó la idea de legislar sobre la iniciativa que busca terminar con la posibilidad legal de que los menores de 18 y mayores de 16 puedan contraer matrimonio civil con autorización de sus padres o tutores.
