La instancia analizó esta problemática nacional con las presentaciones de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, agricultores de Los Andes, pequeños agricultores de Chimbarongo y, desde la academia, con decanos y docentes de facultades de Agronomía.
La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, realizó el anuncio sobre esta moción durante su participación en la Comisión que investiga la materia. Además, señaló que realizarán una aplicación para unificar los datos que manejan diferentes instituciones.
La instancia indagará en la actuación de los órganos del Estado competentes, en relación con la gestión y administración de los recursos hídricos, para enfrentar la situación de sequía, así como para adaptarse en dicho ámbito a los efectos del cambio climático.
El presente documento representa un convenio entre Chile y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que considera las formalidades, requisitos y compromisos del país anfitrión de la COP25, a celebrarse el 13 de diciembre próximo.
El máximo Tribunal consideró arbitraria la decisión de mantener publicada la deuda de un estudiante cuyo cobro no ha sido requerido judicialmente y dentro de un plazo razonable.
El máximo Tribunal estableció actuar arbitrario del medio de comunicación al no rectificar la noticia, luego de que una sentencia estableciera que los dos ejecutados fueron víctimas de un crimen de lesa humanidad y no muertos al realizar un ataque armado a una población militar.
El ministro dictó acusación en contra del oficial de Carabineros en retiro Patricio Horacio Burgeño Robles, por su responsabilidad en los delitos de aplicación de tormentos y secuestro calificado de Ricardo Segundo Bustos Martínez.
El magistrado condenó al brigadier de Ejército en retiro Eduardo Arriagada Rehren a la pena de 7 años de presidio por su responsabilidad en el homicidio del también propietario de un diario local y que fue detenido en Santiago en septiembre de 1973 y llevado hasta San Fernando.
El Tribunal descartó infracción al debido proceso en el procedimiento sancionatorio en contra de la empresa sanitaria al no exhibir parte del expediente.
El Tribunal de alzada acordó enviar la consulta al TC para que emita pronunciamiento en cuanto a la inconstitucionalidad de las disposiciones del Decreto Ley 3.500, especialmente sus artículos 23, 34 y 51.
