El máximo Tribunal sostiene que este es el criterio judicial que ha primado, y que se condice con el correcto sentido y alcance de los artículos 162 y 183 B del Código del Trabajo.
El CDE sostiene que concurre la causa de reserva de la información del artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, que establece el secreto cuando la publicidad de los antecedentes requeridos afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional.
La judicatura de fondo no puede aplicar la suspensión de los plazos a aquellos conflictos iniciados antes del estado de excepción, pues infringe con ello el artículo 8 de la Ley N°21.226, norma que rige “in actum” y no puede invocarse retroactivamente.
El voto del Presidente no dirime un empate en estos casos.
A pesar de que Contraloría no vislumbra inconvenientes en la disolución voluntaria de una Corporación, es necesario que el legislador delimite los efectos de la misma. Además, recuerda al personal de CORMUCENA que el artículo 4 inciso segundo del Código Laboral resulta aplicable para efectos de la continuidad del vínculo laboral y derechos laborales.
El recurrente acusó que no fue respetado su derecho a ser asistido por un abogado y a guardar silencio, sin embargo, no pudo acreditar qué elementos de su declaración resultaron perjudiciales o autoincriminatorios.
Los fallos acompañados no pueden versar sobre hechos que difieran del elemento sustancial que se pide unificar.
La referida carga pública impuesta por el Estado provincial, no autoriza a concluir en principio que la normativa impugnada se inmiscuya en el poder de policía bancario y financiero que le corresponde a la Nación.
El informe plantea que, en lo que se refiere a las restantes modificaciones planteadas por el ejecutivo, cabe tener en cuenta que tal como indica su fundamentación, parecen limitarse a dirimir aspectos técnicos del proyecto, sin cuestionar sus fundamentos o sentido, razón por la que no parecen ameritar mayores observaciones, salvo en lo que se refiere a dos errores formales que pueden apreciarse en los artículos 1 y 13 de la propuesta
La Sala respaldó la moción de un grupo de senadores que dispone que, en el último informe de resultados preliminares entregado por el Servel se deberá mostrar y permitir el acceso de todas las personas, a las copias digitalizadas o escaneadas de las actas de escrutinios de cada mesa receptora de sufragios.
