Testimonio de funcionario del OS7 que realizó compra de droga a la recurrente y autorización del Ministerio Público para el uso de agente revelador, son antecedentes suficientes para que el ingreso y registro al domicilio de la imputada fuera autorizado.

El máximo Tribunal sostiene que la tesis contraria contradice el fundamento mismo de la prescripción y privilegia una interpretación que no tiene asidero legal.

La opinión del máximo tribunal advierte que el proyecto no parece haberse puesto en la situación de que sean los mismos abogados de las partes quienes promuevan la mediación, esto es, que la solicitud de mediación provenga de alguno de ellos, y que en las sesiones de mediación participen ellos y no las personas a quienes representan.

No le correspondía a él probar que no fue quien realizó compra porque poner de su cargo la prueba se opone a la Ley N° 19.496 y a los principios que la inspiran.

El documento señala que un punto que requiere ser resuelto dice relación con el derecho preferente que se entrega a “los secretarios de los juzgados que son suprimidos por la presente ley” para ser incluidos en las ternas que se formen para proveer los nuevos cargos de jueces de tribunal civil o de juzgado de letras con competencia común.

Académico de la Universidad San Sebastián explica los efectos psicológicos de la violencia intrafamiliar y los resguardos legales que existen para proteger a niños, niñas y adolescentes.

La Corte Suprema declaró expresamente: “Que las sesiones del Concejo Municipal deberán efectuarse de manera íntegra en la oportunidad determinada para tal cometido, adoptando no solo las medidas necesarias para la continuidad de su desarrollo, sino que, también para que sus integrantes puedan exponer sus opiniones y emitir su voto cuando corresponda.”

No se explicita por el impugnante de qué modo la asistencia del acusado de forma telemática constituyó un impedimento para que los jueces formaran su convicción.

El máximo Tribunal descartó vicios en la sentencia impugnada, dictada en prevención del daño que las tronaduras ( explosivos) podrían causar en sitios de interés paleontólogo detectados en el rajo de la mina, que hacen imprescindible una evaluación de impacto ambiental.

El requirente alega que la aplicación de los preceptos en el caso concreto infringe sus garantías a la igualdad ante la ley, debido proceso y de propiedad.