El máximo Tribunal ibérico señaló que, el sancionado vino ejerciendo la actividad privada de adiestrador hallándose de baja médica para el servicio y tras haber sido desestimadas expresamente dos solicitudes de compatibilidad para ejercer dicha actividad.
Desestimó la medida cautelar solicitada por una particular contra la decisión del Gobierno de Alicante.
El Tribunal señala que los hechos constituyen una ordenada y orquestada actividad delictiva de apropiación de dinero.
La recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional del artículo 19 numeral 2.
Los recurrentes estimaron vulnerada su garantía constitucional del artículo 19 numeral 2.
En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, adolecer de falta de fundamento plausible.
El recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional del artículo 19 numeral 2.
Sentencia señaló que los indicios aportados no permiten establecer la existencia de las vulneraciones denunciadas por la actora.
Corte de San Miguel señaló que acoger a tramitación dicha acción afectaría normas de orden público.
El ente contralor concluyó que el particular deberá dar cumplimiento a su deber de abstención, en tanto se pueda producir un conflicto de interés.
