Se trata de un medio otorgado por un organismo de la Administración del Estado que cuenta con atribuciones para ello y su titular la mantiene bajo su exclusivo control.
Recurrente señaló que la sentencia impugnada no apreció la prueba correctamente, argumento que no pudo acreditar en derecho.
El proveedor sólo está obligado a informar de forma exhaustiva respecto a la garantía ofrecida por el fabricante, cuando esta es un elemento decisivo o central de la oferta.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda.
El Tribual de alzada rechazó la acción constitucional por considerar que la resolución cuestionada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, no adolece de falta de fundamentación ni de legalidad, como argüía la recurrente.
Aplicable a solo un inmueble por persona, la moción propone hacer frente al “aumento progresivo del avalúo fiscal de los bienes raíces” y, en consecuencia, el monto a pagar por el impuesto territorial de las contribuciones.
El máximo Tribunal desestimó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primera instancia que ordenó a la empresa, además, la restitución del monto descontados del aporte del empleador al fondo de cesantía del trabajador, junto al pago del recargo del 30% de la indemnización por años de servicios.
La sentencia recordó que los comentarios sobre los jueces están en consonancia con la libertad de expresión, pero que los abogados deben comportarse de manera «discreta, honesta y manera digna para que los miembros del público tengan confianza en la administración de justicia”.
El autor afirma que una ley que permite que en las primeras catorce semanas de gestación la supresión de la vida del feto humano (no otra cosa es el aborto) sea sólo una decisión única de la gestante, rompe ese balance entre derechos fundamentales que el Tribunal afirmó que no podía quedar absolutamente desequilibrado a favor de ninguna parte, y deja desprotegido totalmente al feto.
El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado produce efectos contrarios a diversas normas y principios constitucionales.
