Ha de estarse a la aplicación de una norma especial antes de recurrir a las normas generales. Si el legislador estimó necesario establecer en cada caso un derecho especial diverso, es porque no quiere la interferencia del uno en el otro.
La conducta ilegal y arbitraria de la recurrida conlleva un daño, pues no puede continuar con el tratamiento de recuperación de su cirugía de cadera.
Se ordenó sacar copia íntegra del expediente, certificar su identidad e integridad, y remitir compulsas al tribunal civil manteniendo el expediente original en poder de la fiscalía hasta que concluya la causa penal.
No se acreditó que las falencias formales denunciadas hayan derivado en la afectación específica, real y concreta de derechos de algún miembro de la comunidad escolar, por lo que la falta debe ser considerada como leve y no como menos grave.
La fase preparatoria es un mecanismo de verificación de condiciones mínimas habilitantes para actuar ejecutivamente, sin que ello obste a que el ejecutado pueda, dentro del contradictorio del juicio ejecutivo, oponer excepciones.
La iniciativa se funda en la necesidad de aumentar la capacidad de fiscalización y persecución ante ilícitos contra la libre competencia.
Estas juzgadoras estimaron que Ortiz Zúñiga, con su actuar, demostró absoluto desprecio, sin el más mínimo respeto por la dignidad de víctima, aprovechando su calidad de mujer y de anciana vulnerable de 75 años.
“Dado la gravedad de esta situación, respecto a ambos niños (también de la hermana menor) se decretaron como medidas cautelares el cuidado proteccional provisorio de su tía materna y respecto de la madre se decretó la prohibición de acercarse a los niños y la suspensión de régimen de relación directa y regular conforme lo dispone el artículo 71 de la ley 19.968”, explicó el magistrado.
Las recurridas no han generado el financiamiento para crear las matrículas, ni las condiciones para la entrega efectiva de la educación pública lo que se traduce en que 66 niños, niñas y adolescentes están sin colegio.
La decisión de la recurrida transgrede la igualdad ante la ley y el derecho de toda persona a ser oído de forma previa a la adopción de una determinación desfavorable.
