La Magistratura constitucional española adujo que la adopción de la medida cautelar respondía a finalidades constitucionalmente legítimas, como son las de precaver el riesgo de fuga y el de reiteración delictiva.

El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2 y 21.

El defensor señala que no cuenta con todos los antecedentes para una defensa adecuada.

El amparado no se había presentado a cumplir su pena.

El amparado debe mas de 6 millones de pesos en pensión de alimentos.

El amparado estuvo en prisión preventiva en causa en la finalmente fue absuelto.

La Corte estimó que es incompatible la resocialización de un condenado con la expulsión.

Esto, a propósito de reclamo de funcionaria por el pago del sueldo que le asistiría por ejercer la subrogancia de la jefatura.

Máximo Tribunal indicó que de verificarse el presupuesto contenido en el artículo 162 del Código del Trabajo, debe aplicarse la sanción de nulidad del despido independiente de que parte de las retenciones legales se encuentren pagadas.

El Tribunal de Alzada indicó que, en ningún caso, se les negó a los recurrentes la tramitación de su solicitud.