El amparado señala que es víctima de hostigamientos por parte de fiscalizadores.
Corte de Puerto Montt señaló que antecedentes aportados por recurrente no son suficientes para estimar vulnerados sus derechos constitucionales.
El ente contralor indicó que existe reiterada jurisprudencia administrativa, de este origen, que ha precisado que esta Contraloría General no constituye una instancia de apelación respecto de los pronunciamientos emitidos por sus Oficinas Regionales en relación con los asuntos sometidos al conocimiento de aquellas.
El ente contralor adujo que el principio de la inexcusabilidad, implica que la Administración del Estado se encuentra obligada a dar respuesta a los requerimientos que se le formulen mediante un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, lo que ocurrió en la especie.
El objetivo principal del proyecto ingresado es establecer mecanismos democráticos para el nombramiento de altas autoridades.
La Magistratura Constitucional española sostuvo que no es constitucionalmente ilegítimo el trato diferente entre representantes políticos cuando se orienta a impedir una posición preponderante de unos sobre otros, lo que avala la constitucionalidad del art.39 RAE.
La gestión pendiente incide en autos laborales de que conoce el Juzgado de Letras del Trabajo de Arica, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad, por recurso de nulidad.
La Corte considera que ante la gravedad de la conducta, se impone la protección de la sociedad en general por sobre la de los integrantes de la familia que el amparado ha conformado en Chile.
El proyecto fue presentado por un grupo de Diputados.
La Corte señala que la resolución atacada es impugnable por la vía de recursos ordinarios.
