La Magistratura española adujo que existe una contradicción formal insalvable entre la disposición autonómica impugnada y la normativa básica estatal.
La Corte Suprema estimó que la orden de arresto que se pretende dejar sin efecto fue pronunciada por el órgano competente dentro del ámbito de sus atribuciones.
El máximo Tribunal ibérico rechazó el alegato del académico que argumentó en su recurso que la parte reproducida por él carecía de originalidad porque las ideas expuestas no eran una creación intelectual del alumno, sino que se las había dado él.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 2 y 3 inciso 5.
El Tribunal de Alzada indicó que no existió un derecho indubitado que sea menester amparar.
Corte de Arica señaló que se vulneró la garantía de la igualdad ante la Ley.
Hace algunas décadas que la Humanidad estaba convencida de su ciencia había dominado las epidemias que en pasado la habían asolado; la crisis del coronavirus nos recuerda nuestra historia.
LyD arguye que si lo que se busca es mayor participación y legitimidad, debiesen impulsarse políticas públicas adecuadas, que faciliten la participación en los procesos electorales, aumenten el compromiso cívico y modernicen nuestras instituciones democráticas. Nada de ello se logra con el retorno al sufragio obligatorio.
El objetivo principal del proyecto ingresado es dar participación a los pensionados en las decisiones.
La Corte Suprema señaló que, resultó cuestionable la aplicación injustificadamente restrictiva que hizo la recurrida de la letra a) del artículo 206 del Código del Trabajo.
