La actora alegó que la excesiva demora en la resolución de la solicitud de alzamiento de la clausura vulnera el derecho a desarrollar su actividad económica.
Funcionario de Gendarmería no puede ser destituido mientras tenga fuero y no exista pronunciamiento de la Contraloría General de la República.
El reconocimiento de status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, así como la expresa obligación de recomponer el daño ambiental no son una mera expresión de buenos deseos.
Entre otras irregularidades, indican que el ente rector las habría marginado de manera arbitraria e ilegal.
El requerimiento de pago persigue que el deudor pague la obligación y si esto último no ocurre embargarle bienes suficientes para cubrir el capital, intereses y costas adeudadas.
La irrenunciable necesidad de preservar otros bienes que también convergen en el proceso penal y que cuentan con una tutela reforzada en el sistema jurídico hacen necesario prever excepciones.
Se busca que las empresas aumenten el número de personas contratadas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional.
Se debe detener la persecución de usuarios de cannabis y otras sustancias enteógenas o psicoactivas, pues es un grave atentado a los derechos humanos procesar penalmente a personas por cultivar cannabis para gestionar sus dolores, sus placeres y su bienestar.
El requirente estima que no hay justificación racional que amerite tal limitación a sus garantías constitucionales, en especial su derecho a defensa.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
