El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción proteccional, tras establecer que la publicación no vulnera garantías fundamentales en los términos invocados.
Los senadores Huenchumilla, Harboe y Allamand, quienes pertenecen a dicha instancia, debatieron sobre la real necesidad de entregar nuevas herramientas a Carabineros en medio de un escenario de cuestionamiento institucional.
Con indicaciones que aclaran, entre otros, que no se otorgan nuevas atribuciones a la Inspección del Trabajo y que no habrá doble indemnización, el Senado aprobó el proyecto interpretativo.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el 22° Juzgado Civil de Santiago, pero elevó los montos indemnizatorios en consideración al tiempo que las víctimas estuvieron privadas de libertad y al daño que les causaron agentes de Estado.
El ministro en visita acusó a Gonzalo Humberto Figueroa Nieto en calidad de autor del delito de detención ilegal de Díaz Cortez, Humaña Jiménez, Leal Riquelme, Saravia Flores, Salazar Salgado, Díaz Cortez y Santana Dubreuil; y como autor del delito de apremios ilegítimos en contra de Díaz Cortez.
El Tribunal estableció la responsabilidad del sostenedor de la escuela básica al no adoptar las medidas necesarias de resguardo y seguridad de los educandos.
La gestión pendiente incide en un recurso de protección, de que conoce la Corte de San Miguel.
Se ha constatado que el despido no es más que una represalia contra el actor, por haber activado una fiscalización del órgano administrativo.
Las gestiones pendientes inciden en causa sobre medida prejudicial preparatoria de exhibición de documentos.
Las Municipalidades deben suspender entrega de documentos o certificados relacionados con temas de transporte a infractores que se encuentren en el Registro.
