Amro está acusado de alterar el «orden público» con arreglo a la draconiana Ley de Delitos Electrónicos de Palestina, así como de «causar conflicto» e «insultar a las máximas autoridades», en aplicación del Código Penal jordano de 1960.

El Tribunal aplicó, además, a Pulgar Reyes la accesoria legal de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, más el pago de las costas de la causa.

El Tribunal de alzada acogió la acción judicial y revocó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Chillán, que decretó el sobreseimiento por considerar que los hechos investigados no son constitutivos de delito.

En la resolución, la ministra Cifuentes acusó en calidad de autor del delito a Alfonso Faúndez Norambuena, teniente de Ejército a la época de los hechos.

El máximo Tribunal indicó que la autoridad recurrida se encontraba legalmente facultada para no renovar los servicios a contrata de la parte recurrente.

El requirente estima vulnerada la garantía constitucional del debido proceso.

Resulta innegable que la reivindicación de compañías trasnacionales, multiplicadores, semilleros y comercializadores de semillas, en algún caso puede encubrir la pretensión de avanzar hacia el patentamiento de todo vegetal.

La recurrente estimó perturbados el derecho a la integridad física y psíquica, a la honra y a la educación.

La gestión pendiente incide en autos sobre procedimiento de liquidación voluntaria, seguidos ante el Sexto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.

La Magistratura Constitucional colombiana tuteló los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del accionante.