El proceder de la institución recurrida implicó el desempeño de una facultad de forma simplemente potestativa.
Los incumplimientos atribuidos a la sentenciada no resultan graves, particularmente en atención a las circunstancias del caso, y al fin de la Ley 18.216, esto es, evitar la contaminación criminógena.
El actor no tiene un derecho indubitado a permanecer en la quina.
Los actores no acreditaron haber prestado servicios a su favor en régimen de subcontratación.
La medida disciplinaria aplicada al actor fue ejercida dentro de las competencias y facultades reglamentarias que le asisten a la institución.
La normativa europea establece que no hay motivo de exclusión si es posible eliminar las barreras físicas.
Existieron antecedentes que justificaron el actuar de las recurridas, lo que lleva a descartar un error injustificado o arbitrariedad de su parte.
La consulta fue realizada por la Federación Nacional de Sindicatos del Transporte.
La pretensión de la recurrente no reviste las características de un derecho indubitado susceptible de ser amparado por esta vía cautelar de emergencia.
Durante siete horas de debate, los parlamentarios justificaron su votación aseverando o desestimando los argumentos sobre si infringió la Constitución y las leyes, y si comprometió gravemente el honor de la nación. Hubo votación dividida respecto de los dos capítulos.
