El máximo Tribunal hizo lugar al recurso de protección interpuesto por una funcionaria a contrata en contra del municipio de Providencia, y ordenó el pago de las remuneraciones restantes al año que duraba la contrata. Pero no ordenó el reintegro de la actora al no existir legitima confianza, debido a que las renovaciones no excedían los 5 años de prestación de servicios.

Por más de seis meses el actor no cumplió con la carga de notificar a todas las partes la resolución que recibió la causa a prueba, asilándose en la suspensión de plazos del artículo 6 de la Ley Nº21.226, tesis que fue descartada por el máximo Tribunal, al puntualizar que la inacción del demandante es incompatible con su intención de colaborar con el proceso.

La demandante accionó en contra del Ministerio del Interior -sin interpelar al Fisco- en circunstancias que debió dirigir la acción de tutela laboral en contra de la Gobernación Regional de Coquimbo, que era el ente a quien prestaba servicios.

El aviso o citación sin cumplir con 12 horas de antelación se ha producido en un periodo de seis meses en 59 ocasiones de 6.627, es decir, en el 0,89% de los casos, por lo que debe entenderse que esos incumplimientos a la norma convencional no pueden interpretarse como una práctica común de la empresa demandada.

No se sustenta en el mero capricho de la autoridad que intervino en la decisión, la que al contrario fundó su decisión en razones técnicas médicas con pleno apego a la normativa que regula el derecho denominado licencia médica.

La Universidad de Chile declaró vacante un cargo por salud incompatible del funcionario, debido a los seis meses de licencia médica presentada en un período de dos años, acto arbitrario e ilegal que contraviene lo establecido en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, que exige el informe previo de irrecuperabilidad emitido por la COMPIN, lo que no ocurrió en la especie.

El artículo 172 del Decreto Supremo 83, reglamento de la Ley de Control de Armas, exige inscripción al “coleccionista de munición” y, además, que se ajuste en esa actividad a los límites que impone esa legislación.

Los actores han batallado desde el año 2010 y, finalmente, tuvieron que abandonar el inmueble en 2016. Si bien el ayuntamiento desplegó actividad administrativa esta no ha sido ineficaz, vulnerando la Carta Fundamental que le exige actuar con eficacia en la protección del derecho a disfrutar pacíficamente en el domicilio.

El municipio y un grupo de vecinos denunció que la tala de árboles y trabajos de construcción de un camino para acceder al predio de la recurrida, ubicado en la ladera de un cerro, pone en peligro de derrumbe a los vecinos que habitan más abajo en dicho lugar. El máximo Tribunal acogió la acción y ordenó paralizar las faenas, hasta que el recurrido cumpla con las recomendaciones del Seremi de Medio Ambiente.

El recurrente intentó impugnar un decreto alcaldicio que invalidó su nombramiento como arquitecto de planta en la Municipalidad de Navidad, en circunstancias que el artículo 53 de la Ley Nº19.880 prevé un mecanismo de impugnación ante la justicia ordinaria para reclamar la legalidad del acto recurrido.