El olor a marihuana permite que un control vehicular mute a un control de identidad.
La disposición de zonas de estacionamiento en un recinto comercial, la mayoría de las veces es determinante para que el consumidor se decida a concurrir a ese recinto comercial, por las facilidades que se otorga y la sensación de seguridad que brinda.
No resulta lícito por vías de hecho retener bienes de otra persona, pues el ordenamiento jurídico contempla mecanismos y procedimientos para hacer valer los derechos en estos casos. De no mediar una resolución judicial que lo autorice, quien efectúe la retención se constituye en una comisión especial.
En la especie, renunció voluntariamente el trabajador, recibió el pago de la indemnización por años de servicio y feriado legal, renunció a la acción indemnizatoria por los perjuicios de salud que invoca.
Este hecho puede tener consecuencias importantes y duraderas para la víctima. Esto no sólo atañe a los sentimientos de miedo e inseguridad en la propia víctima, sino también en la sociedad en su conjunto.
La iniciativa busca conciliar la garantía constitucional del derecho a la educación de los estudiantes, con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de forma pacífica.
Los jueces de fondo rechazaron la preparación de la vía ejecutiva por considerar que los servicios no se prestaron, acto vedado para el tribunal luego de la última modificación al artículo 5 de la Ley N°19.983, que sitúa este hecho como parte de las excepciones a discutir en el juicio ejecutivo y no en la gestión preparatoria.
El recurrente no pudo acreditar que con anterioridad a la notificación de la demanda el demandado poseía de mala fe una franja de terreno propiedad del actor, por ende, pese a conseguir la reivindicación del retazo reclamado no le fueron concedidos los frutos solicitados.
El actor no posee giro de arriendo de vehículos motorizados, por ende, no estaba en conocimiento de la mediana diligencia para llevar adelante un negocio de esas características, y sus argumentos en contrario fueron considerados por el máximo Tribunal como un intento de modificar los hechos asentados en la causa.
El municipio rechazó la apelación de las multas cursadas a una empresa de mantención asilándose en que había operado el silencio administrativo en su favor, acto contrario a la Constitución y a los principios contenidos en las Leyes N°18.575 y N°19.880.
