Estas y otras interrogantes surgieron en el marco de la presentación que hizo ante la Comisión de Hacienda, el presidente del instituto emisor y que además incluyó en el estudio una valoración del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.
En la instancia, también expuso la Defensoría Nacional que entregó una cifra global de acuerdo a los delitos que se contemplan en el proyecto, mientras que la Fiscalía Nacional planteó que» de acuerdo a la redacción de la iniciativa es difícil establecer con claridad el número de personas».
El pronunciamiento fija el sentido y alcance de la Ley N°21.360.
El máximo Tribunal del país, considera que: “En el caso del procedimiento de impugnación respecto de la resolución que declara la extinción de un derecho de aprovechamiento de aguas (artículos 6 bis y 134 bis), procede mantener la coherencia de la regulación y evitar dispersión de procedimientos contenciosos administrativos”.
El actuar de la Tesorería no satisface las exigencias mínimas de un procedimiento racional y justo, porque no le permite al supuesto deudor ejercitar otro medio de defensa que no sea la prueba del pago de la obligación.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
Al existir un juicio de lato conocimiento por los hechos denunciados, el presunto derecho vulnerado no se encuentra indubitado.
Adolece de falta de debido fundamento plausible.
No basta que el tema que origina el artículo sea de interés general, sino que este debe ser de tal naturaleza que contribuya al debate público sobre el tema en cuestión.
No se dio cumplimiento en forma a lo ordenado de acompañar el certificado dentro de plazo.
