La sanción fue aplicada fuera de los casos previstos en el estatuto y por un órgano que no se encuentra expresamente facultado para adoptarla.
Se tomó en cuenta la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
La aseguradora debe considerarse como deudora de las prestaciones que la ley prescribe, sin perjuicio de su facultad de repetir contra el empleador. La ley contempla el caso del empleador que ha omitido denunciar la obligación de pago o la contratación de un trabajador.
La recurrida omitió de manera arbitraria dar continuidad a las etapas que integran el proceso de selección y, en consecuencia, desconoció la legítima expectativa del derecho del concursante.
La intención del agente de traficar drogas puede obtenerse mediante pruebas directas, o mediante indicios o factores externos y objetos que “trasluzcan y evidencien el propósito promocional de la droga”.
No se advierte en nuestro sistema de educación superior la existencia de una carrera universitaria que pueda equipararse al referido título profesional de Oficial de Orden y Seguridad, Administrador de Seguridad Pública.
Diversas reacciones generó el discurso de la Presidenta del Senado en el marco de la séptima Cuenta Pública del Congreso, donde junto a su par Diego Paulsen expusieron los principales hitos de la actividad legislativa del último año.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de apelación deducido por el Consejo de Defensa del Estado, tras establecer la obligación que imponen a Chile los tratados internacionales de proteger los derechos de mujeres y niñas en riesgo de sufrir, en sus países de origen, ablación o mutilación genital.
El Tribunal de alzada estableció que la adopción de campañas sanitarias corresponde a políticas públicas privativa del Ejecutivo y que no corresponde a los tribunales establecer su pertinencia.
El máximo Tribunal invalidó la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que confirmó la de primer grado rechazó la petición de escrituración.
