El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que condenó a la empresa a pagar una multa de 50 UTM y adoptar una serie de acciones de reparación, por haber incurrir en prácticas contrarias a la libertad sindical.

El Tribunal estableció la falta o abuso grave de los recurridos que no dieron lugar a la impugnación del proceso que no respeto las especificaciones técnicas de las bases de licitación.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La gestión pendiente incide en autos sobre cobranza laboral y previsional, seguidos ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.

La Magistratura colombiana llegó a esta conclusión, debido a que no se cumplen requisitos mínimos necesarios para perfilar adecuadamente el concepto de violación constitucional.

El recurrente estimó vulnerada su garantía del artículo 19 de la Constitución numeral 3.

La Corte de Valdivia indicó que, la decisión de la autoridad administrativa en orden a poner término a la contrata de la recurrente al carecer de suficiente fundamentación, se avino ilegal y arbitraria.

La Corte de Apelaciones de Santiago indicó que no se divisó ilegalidad alguna en el actuar de la recurrida.

Además, el ente contralor adujo que los vehículos motorizados forman parte de la dotación máxima fijada en las partidas de la ley de presupuestos.

El ente contralor sostuvo que no se advierte la existencia de alguna irregularidad en la decisión adoptada por la referida fiscalía administrativa.