Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acoge demanda por despido de maestro de urbanización.
La magistrada cogió la demanda tras establecer que la empresa no justificó la causal esgrimida en la carta de despido del trabajador.
La magistrada cogió la demanda tras establecer que la empresa no justificó la causal esgrimida en la carta de despido del trabajador.
La contestación extensa, reiterativa y carente de toda lógica de la parte demandada, incidiendo en aspectos intrascendentes, no hizo sino minar la paciencia del tribunal, que si bien escuchó todos los argumentos expuestos al efecto de no incurrir en indefensión de la demandada, terminó planteándose la imposición de la multa por temeridad que ahora resolvemos.
El ministro de Educación, Nicolas Cataldo, y la subsecretaria del área, Alejandra Arratia, participaran de esta Jornada sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos, con el fin de erradicar el acoso escolar.
La Comisión no proporcionó explicaciones suficientes que permitieran saber de qué manera el acceso a las definiciones de «conducta dolosa» y de «todos los esfuerzos razonables posibles» en algunos de los contratos y a las estipulaciones de los contratos relativas a las donaciones y reventas de las vacunas podría suponer concreta y efectivamente un perjuicio para esos intereses comerciales.
Denunció que las políticas de Israel impiden el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. También destacó que otros Estados tienen la obligación de no proporcionar ayuda o asistencia que contribuya a perpetuar la presencia israelí en dichos territorios.
Consagrar la posibilidad de “limitar del esfuerzo terapéutico”, con miras a evitar el encarnizamiento u obstinación terapéutica, constituye un consenso bioético general.
El 17 de julio, el Presidente y comandante en jefe de las Fuerza Armada Nacional, Nicolás Maduro, realizó declaraciones públicas afirmando que, de no ganar la reelección, el país podría «caer en un baño de sangre, en una guerra civil». Este tipo de discursos por parte de la máxima autoridad del Estado y de las fuerzas de seguridad tiene como efecto amedrentar y coartar la libertad política del electorado.
La requirente alega que el precepto legal objetado infringe el derecho de propiedad y el principio de supremacía constitucional, desde que al impedirle al ejecutado objetar la nueva tasación y solicitar una nueva, autoriza al acreedor a recibir o adjudicarse más derecho de propiedad del que le corresponde.
Si bien en estas causas el grado de formalidad que se debe observar puede resultar morigerado en comparación con una causa contenciosa, atendida la especial naturaleza del procedimiento y la protección que busca respecto de niños, niñas y adolescentes, la sentencia debe expresar las motivaciones de hecho y de derecho para arribar a la decisión.
La coordinación deberá ser remitida a la residencia encargada de acoger al joven, a fin de precaver los riesgos para su personal y demás residentes.