Teniendo en cuenta la naturaleza incierta del marco jurídico aplicable, y en particular el hecho de que la guardia costera aplicó reglas de enfrentamiento confidenciales y menos detalladas que la legislación pertinente en su lugar, el Estado demandado no cumplió con su obligación de establecer un marco legislativo adecuado que regule el uso de la fuerza potencialmente letal en el área de operaciones de vigilancia marítima.

El derecho a la reagrupación familiar no puede depender de la mayor o menor celeridad con la que se tramite la solicitud. Por consiguiente, no puede denegarse alegando que el refugiado ya no era menor de edad en la fecha en que se resuelve sobre dicha solicitud.

Los jueces de la CIJ sostuvieron que Rusia violó el tratado al no investigar adecuadamente acusaciones creíbles de envío de fondos desde Rusia a Ucrania para posiblemente financiar actividades terroristas. Aunque se ordenó a Rusia que llevara a cabo investigaciones sobre tales acusaciones, se rechazó la solicitud de reparación presentada por Ucrania.

El reemplazo de la firma ológrafa por la firma electrónica es una realidad en las prácticas comerciales cotidianas, que quedarían sin sustento si no se aceptara que esta última goza de presunción de autenticidad, de lo que se deriva que debe reconocerse a esa firma electrónica una eficacia similar a la que tiene la firma ológrafa a los efectos que interesan.

Cabe recordar que esta causa tiene su origen en denuncias formuladas, el año 2017, por vecinos de la zona debido a la realización de una actividad sin haberse sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), las que fueron archivadas por la SMA.

El informe concluye que, “evidentemente, hay un mecanismo de conducta para aprovecharse del Estado” y que es “una práctica transversal”.

Diputadas y diputados piden al Ejecutivo que se destinen recursos del royalty minero para fortalecer al organismo. Por otra parte, se pide equiparar el costo de hospitalización por pacientes derivados a clínicas privadas.

En fallo dividido, la Primera Sala del tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario de las recurridas al cambiar sin justificación a la estudiante del tramo que le permitía acceder al beneficio.

El juez descartó actuar arbitrario en el proceso sancionatorio abierto por la Inspección Comunal del Trabajo de Loncoche.

La acusación particular que ejerce la denunciante pedirá una sentencia que lo condene a doce años de prisión, mientras que la Fiscalía ha exigido una pena de nueve años de cárcel.