La medida adoptada responde a criterios justificados y proporcionados de preservación de la salud pública.
Los planteamientos fácticos disimiles del fallo que se acompaña impiden realizar el ejercicio de contraste que es propio de este recurso excepcional.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del Ministerio de Educación al excluir a la recurrente sin solicitar la actualización de la cartola del registro social de hogares en poder de la administración.
El máximo Tribunal estableció que en la especie se incurrió en un error de procedimiento, el que debe ser corregido para la necesaria y acertada decisión del pleito.
Fiscalización del Consejo evidenció reiterados incumplimientos por parte de estos y otros organismos del ámbito sanitario, entre otras, solicitudes de información sin responder o entrega de antecedentes fuera de plazo. En el caso de la subsecretaría de Redes Asistenciales se identificaron requerimientos de 2019, previo a la pandemia, sin ningún tipo de gestión, levantando las alertas en el organismo que debe garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia.
Cabe recordar que el requerimiento aduce que el proyecto infringe el artículo 127 de la Constitución Política, el derecho a la seguridad social y la iniciativa exclusiva legislativa del Presidente de la República.
El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y arbitrario al exigir la rendición del examen de convalidación (Eunacom) para acceder al cargo, requisito inexistente en las bases del concurso.
El máximo Tribunal estableció que yerran los jueces de la instancia al rechazar la demanda por falta de servicio en contra del centro asistencial.
El máximo Tribunal revocó la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, solo en cuanto rechazó la acción deducida en representación de la lactante y sus hermanos.
El Tribunal estableció que en la especie no se cumplen los requisitos para establecer el incumplimiento contractual denunciado.
