El máximo Tribunal no hizo lugar al recurso especial impetrado por la parte demandante, la cual «omitió toda referencia y explicación relativa al contenido y circunstancias relativas a la interpretación jurisprudencial que propone como contraste», como exige la norma.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Aróstica y Vásquez, quienes estuvieron por acoger el requerimiento, por contrariar el derecho constitucional a un procedimiento justo y racional.

El Tribunal estableció la responsabilidad del centro asistencia en las secuelas provocadas al paciente, como la pérdida invalidante de visión.

El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la resolución recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Arica, que confirmó la de primer grado que rechazó la acción debido a que la parte demandada cuenta con un título que justifica la tenencia del inmueble.

La Magistratura Constitucional señala que el ordenamiento laboral no ha distinguido y determinado, en contraste a como ocurre en otro sector, aquellas infracciones que pueden ser leves, graves o gravísimas.

La Magistratura constitucional colombiana explicó que respecto a lo que la actora sugiere como aplicable, no es precedente para este caso en tanto que en esa ocasión se probó la convivencia con la cónyuge dentro de los 2 años anteriores al fallecimiento y la Corte Suprema de Justicia no estaba obligada a seguirla y a arribar a idénticas conclusiones en este asunto concreto.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Las demandas se presentaron luego de que el presidente de la República, Jair Bolsonaro, anunciara que la vacunación contra el Covid-19 no será obligatoria en Brasil y que el país no adquirirá CoronaVac.

Los reclamantes arguyen que en el fallo impugnado el tribunal establece que los montos gastados en forma ilegal por el alcalde son de poca entidad, que no afectaron al patrimonio de la municipalidad.

Como forma de reducir las causas que se encuentran en tramitación en el Poder Judicial.