La autoridad ambiental debe realizar un análisis previo sobre el impacto de las construcciones que se quieren realizar en el sector declarado “Zona Típica.”
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
El pronunciamiento responde al reclamo efectuado por un particular contra una Mutualidad.
El ente contralor adujo que la eventual mantención del pago con ocasión de los contratos en cuestión resulta improcedente respecto de los proveedores que se acogieron a los beneficios de la Ley Sobre Protección al Empleo, toda vez que esos empleadores han optado por soluciones que les permiten dejar de pagar las remuneraciones de sus trabajadores.
El actor faltó al deber de buena fe que impone la relación laboral y los contratos colectivos de trabajo.
El recurrente erró al invocar conjuntamente las causales previstas en los artículos 477 y 478 letra d) del Código del Trabajo.
No hay infracción a las reglas de valoración de la prueba aun cuando la conclusión resulte contraria a la que podría obtener el recurrente.
Los sentenciadores son soberanos para determinar la procedencia de las diferentes circunstancias atenuantes o agravantes de un delito.
La FIGC estará sujeta a las normas de adjudicación de contratos públicos cuando ejerza actividades de interés general que no un tengan carácter industrial o mercantil.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 30° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda y ordenó el pago de US$430.967,87, correspondiente al monto de la mercadería adeudada.
