El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.
El Tribunal de alzada redujo las multas al piso de 20 UTM, debido a que sentencia del Tribunal Constitucional apunta solo a la ausencia de parámetros objetivos que guíen la determinación del monto o cuantía de la sanción o, en otros términos, que la graduación del quantum a imponer carece de sustento normativo.
Satisface estándar constitucional que exige que tipos penales describan con suficiente precisión la conducta sancionada.
Se alega que el reportaje vulnera el derecho a la honra y que al permanecer en los portales hace que la perturbación se mantenga en el tiempo, impidiendo que ella y su familia puedan desarrollar su vida normal.
El procedimiento interno del recurrido y la sanción adoptada vulneraron la igualdad ante la ley, al no respetar sus propios estatutos en materia disciplinar.
La sanción disciplinaria impuesta al demandante no satisface ninguna necesidad social apremiante.
Adolece de falta de fundamento plausible.
Cubierto el capital, el saldo del pago se aplica a reajustes, intereses, multas y otros recargos.
El legislador no ha establecido la improcedencia de recursos en su contra, por lo que es susceptible de recurso de casación en aplicación de las reglas generales.
No se avizora cómo el acto administrativo que se denuncia podría constituir un acto arbitrario e ilegal con vocación de transgredir las garantías constitucionales invocadas.
