El Tribunal de alzada confirmó la resolución recurrida, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que rechazó la reclamación.
El máximo Tribunal desestimó el arbitrio intentado por la empresa en contra de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que ordenó el pago de una indemnización de $40.000.000, por concepto de daño moral, a la demandante.
El máximo Tribunal descartó yerro en la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que rechazó la prescripción de la acción civil e infracción a las reglas reguladoras de la prueba.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Undécimo Juzgado Civil de Santiago.
El Tribunal de alzada descartó infracción en la resolución sancionatoria adoptada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a la empresa.
El tipo penal no señala qué clase de conducta debe realizar un ciudadano para poner en peligro la salud pública y verse en consecuencia expuesto a una persecución criminal y eventual imposición de pena.
Si los agentes policiales hubieran adoptado las medidas de seguridad, probablemente el deceso de la víctima no se habría producido.
El actuar de las recurridas importa un proceder irracional, carente de propósito o motivación racional, que deviene en un acto ilegal y arbitrario.
Se configura una presunción de culpabilidad, toda vez que el Teniente Coronel no tuvo posibilidad de desvirtuar los cargos que se le imputaron, ni de contar con asesoría letrada.
No se acreditó que la esposa fuera engañada a la fecha de celebración del matrimonio.
