SMA aplica multa por más de $44 millones a BancoEstado por incumplir norma de ruidos.
Luego de constatar superación a la norma de ruidos en una fuente fija de ventilación de la sucursal bancaria ubicada en la comuna de Providencia.
Luego de constatar superación a la norma de ruidos en una fuente fija de ventilación de la sucursal bancaria ubicada en la comuna de Providencia.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada el Duodécimo Juzgado Civil de Santiago, que acogió la acción, tras establecer la responsabilidad indemnizatoria de la parte demandada por falta de servicio.
El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda y le ordenó a la prestadora privada de salud el pago del recargo del 30% sobre la indemnización por años de servicio y la restitución del descuento indebido del aporte patronal al seguro de cesantía de la trabajadora.
En el informe, el pleno de ministros plantea que en el caso del divorcio de mutuo acuerdo, el rol del tribunal no es solo el de declararlo, sino que también el de verificar la completitud y suficiencia del convenio regulador que se den las partes.
Si a los policías les pareció sospechoso el objeto que sacó de la mochila, esto no justificaba su actuación subsiguiente, ya que la ley no se conforma con una sospecha, sino que exige un indicio o presunción.
El requirente alega que se le obliga a entregar información que no es pública conforme al texto constitucional, vulnerando sus garantías constitucionales.
La Corte de Valparaíso deberá conocer la acción entablada por funcionaria municipal, que acusa desproporción en la sanción de un sumario administrativo.
Es necesario contar con una consagración constitucional expresa, con pleno reconocimiento de la infancia y el deber de estado de otorgar todos los medios materiales y espirituales para el sano crecimiento y desarrollo de la infancia
La Corte constató que las afectaciones a los derechos a la libertad personal y a la vida privada de la docente fueron producto de un trato diferente basado en su orientación sexual.
El requirente alega que imponerle la carga de probar un hecho negativo es excesiva y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.