Tras el acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta, el proyecto fue respaldado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, con lo cual quedó en condiciones de ser ley, dentro del plazo constitucional.
El Tribunal de alzada revocó la resolución dictada por el tribunal de primera instancia, tras considerar que en la especie se pueden cautelar los fines del procedimiento con una medida de menor intensidad a la prisión preventiva.
El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la resolución sancionatoria, adoptada por la Intendencia de Prestadores de Salud, que multó al centro asistencial con 50 UTM.
En el marco de la ley previsional los distingos soltera y divorciada devienen accidentales, no substanciales, cuando se observan las afinidades medulares que las asemejan, como es la misma contingencia social que afecta a la divorciada.
La resolución impugnada no aplica debidamente principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados que rigen la prueba pericial del Código de Procedimiento Civil.
El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes la sentencia impugnada, dictada por el 20° Juzgado Civil de Santiago, que fijó en 600 UTM la multa que deberá pagar la elaboradora de mármoles y granitos y cuarzos, por considerar que dicho monto se condice con la gravedad de la falta detectada en el sumario sanitario.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La Comisión de Constitución concluyó el análisis en particular de la iniciativa que cumple su segundo trámite y la idea es que se vote la próxima semana en Sala, al igual que la reforma sobre escaños reservados para pueblos originarios.
Asimismo, el órgano contralor se pronunció sobre si el otorgamiento del permiso sin goce de remuneraciones para los funcionarios públicos que resulten elegidos integrantes de la Convención Constitucional, es obligatorio para el jefe superior del servicio al que pertenece el servidor o si ello constituye una facultad discrecional para este último.
Asimismo, la Magistratura constitucional de España también declara constitucional el artículo relativo a que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán realizar registros corporales externos. La sentencia explica que dicha práctica “no lesiona el derecho a la intimidad corporal cuando dichos registros, que incluso pueden conllevar el desnudo parcial, se basen en indicios racionales de que se porten objetos y puedan ser utilizados con la finalidad de cometer un delito o infracción, o de alterar la seguridad ciudadana.
