El Tribunal dictó veredicto condenatorio en contra de Ignacio Moreno Seguel y Susana Fonseca Cartes, como autores del delito consumado y reiterado de falsificación de instrumento público, perpetrado entre 2012 y 2013.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de las recurridas al mantener publicado el registro de la deuda.
El máximo Tribunal condenó al centro asistencial demandado por la falta de servicio en el diagnóstico y tratamiento de la fractura expuesta de tobillo que sufrió el paciente en un accidente de tránsito, y que fue diagnosticada como esguince.
El máximo Tribunal rechazó recurso, al no existir sentencias contradictorias en la materia.
El Tribunal aplicó, además, a Tobar Olivares las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la recurrida y le ordenó mantener vigente el contrato en los términos pactados y otorgar la cobertura convenida.
El texto, remitido a segundo trámite, busca subsanar en la legislación nacional la ausencia de regulación legal de las acciones protectoras de derechos fundamentales.
Desde la Fiscalía señalaron que no existe un criterio establecido. Sin embargo, indicaron que se implementará un protocolo de búsqueda en el que se encuentran trabajando. La PDI, por su parte, informó que existe un protocolo desde 2011 para abordar las presuntas desgracias y manifestó que están abiertos a modificarlo ante la evolución de estos casos.
La propuesta, inspirada en casos como el de Nibaldo Villegas, asesinado el año pasado y cuyo cuerpo fue mutilado para ocultar el crimen, sanciona el ultraje de cadáveres y sepulturas.
En este informe, la Comisión contextualiza y define los derechos de las personas desplazadas internas y una serie de estándares interamericanos en la materia.
