La Primera Sala del tribunal de alzada rechazó la acción cautelar tras no haberse acreditado la existencia de un derecho indubitado y al no configurarse un acto ilegal y arbitrario.
Junto con Juan Carlos Ponce Zorricueta, miembro del directorio de Corporación de Deportes de La Pintana, firmaron un cheque por $35.000.000, con cargo a la cuenta corriente (…) perteneciente a la Corporación, la que estaba destinada a la recepción y manejo de las subvenciones provenientes de la Municipalidad de La Pintana.
Primera Sala del tribunal de alzada acogió a tramitación la acción constitucional presentada por el ente persecutor en contra de la resolución dictada el 13 de septiembre y dio lugar a la orden de no innovar, por lo que no se entregará a las defensas la información solicitada hasta conocer el fondo de la solicitud.
Se ordenó eliminar de las actas del Concejo Municipal todas las expresiones realizadas por el Alcalde, que contengan expresiones deshonrosas respecto del partido político.
La relación de parentesco que reclama la recurrente, como fundamento de la solicitud de posesión efectiva, no es una cuestión que pueda dilucidarse en esta sede de protección constitucional.
Si la medida se dispuso por motivos de aislamiento preventivo, por razones de seguridad, se configura una ilegalidad, por lo que se le debe permitir recibir encomiendas y visitas de acuerdo con las normas legales y reglamentarias atingentes.
La tenencia de animales domésticos puede ser permitida, siempre y cuando ello se encuentre habilitado previo acuerdo con la junta de propietarios. En el supuesto que se reconozca esta posibilidad, debe, también, regularse un apartado sobre las medidas indispensables para prevenir y reparar la vulneración de los derechos de terceros que puedan verse perjudicados respecto de posibles agresiones.
Si al defensor le parece que el juez de mérito efectuó una diversa calificación jurídica de los hechos es otra la causal que debió invocar.
Se le impone al SERVEL la obligación de publicar y permitir el acceso a todas las personas a las copias de las actas de escrutinios de cada mesa receptora de sufragios.
No se ha probado que la decisión extintiva acordada por la empresa demandada, en si misma considerada, pretendiera la vulneración de derechos fundamentales o libertades públicas de la trabajadora, ni que el móvil del empresario al acordar el despido respondiera a una causa vulneradora de esos derechos fundamentales lo que legalmente llevaría aparejada la nulidad del despido, según dispone la norma Estatutaria.
