El delito de trato degradante difiere del delito de agresión sexual, ya que el primero protege la integridad moral, que tiene autonomía propia independiente y distinto de los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad y al honor.

El requirente alega que el precepto impugnado coarta su derecho a la defensa jurídica.

Sin perjuicio de la facultad que tiene la Corte de reconducir los hechos a una garantía efectivamente amparada por el recurso de protección, lo cierto es que no puede desatender su deber de resguardar los derechos de los demás miembros de la comunidad, entre los que se incluye a la profesora afectada.

En razón de que este deber se desprende únicamente en el supuesto de incumplir la obligación de retribución, la cual nace una vez concluidos los estudios pedagógicos de profesor (a) o educador (a), por lo tanto, el caso consultado no puede generarse ninguno de los dos.

Hizo lugar al arbitrio de nulidad al estimar que el plazo para ejercer la acción se interrumpe con la sola presentación del reclamo, puntualizando que este es el verdadero sentido y alcance de los artículos 2503 y 2518 del Código Civil en este tipo de juicios.

El demandado solicitó en lo principal el desarchivo, y en el otrosí la solicitud de abandono del procedimiento, por ende, no se puede interpretar el desarchivo como una gestión útil que interrumpe el plazo de inactividad procesal, resuelve la Corte Suprema.

El cambio normativo operado introdujo una profunda modificación en las características que debe reunir la condena penal que pesa sobre el migrante para habilitar su expulsión del país por la Dirección Nacional de Migraciones.

Sufrirá la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados a presidio mayor en su grado mínimo y multa de cinco a cien unidades tributarias mensuales.

La alevosía es compatible con la intoxicación semiplena por alcohol y drogas.

La iniciativa tiene por finalidad generar un cambio de conciencia desde la etapa escolar en los y las estudiantes de nuestro país.