El máximo Tribunal señaló que, siendo dable considerar al silencio negativo como la regla general y no como excepción, los supuestos contenidos en el artículo 65 de la Ley Nº 19.880 pueden ser interpretados de manera extensiva, sin que por ello se incurra en un yerro jurídico.

Respecto de la sentencia sólo era procedente el recurso de apelación que el inciso primero del artículo 26 de la Ley N° 20.600 contempla, correspondiéndole su conocimiento a la Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional tenga asiento el tribunal ambiental que dictó la resolución apelada.

Explica que el ordenamiento jurídico es terminante en tanto dispone que los jueces deben aplicar fórmulas matemáticas para evaluar el lucro cesante derivado de una incapacidad sobreviniente porque no existe otra forma de calcular un capital.

El máximo Tribunal de Brasil explicó que las medidas incluyen la creación de barreras sanitarias, la retirada de personas no indígenas y la presentación de un plan de enfrentamiento.

Habiéndose acreditado, que la reclamada fue acusada por delitos que merecen pena aflictiva, se ha cumplido con el presupuesto exigido por la norma constitucional y, por ende, ésta se encuentra con su derecho a sufragio suspendido.

Los reclamantes insisten en que se encuentran frente a un proyecto que es susceptible de provocar impactos ambientales en sus etapas de desarrollo.

La acción no es la vía idónea para atender la pretensión de la actora.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro García, quien estuvo por declarar inadmisible el requerimiento, por cuanto el precepto impugnado no es decisivo para la resolución del asunto y carecer de fundamento plausible.

La baja dispuesta queda sujeta al resultado del sumario administrativo respectivo.

El Tribunal de alzada indicó que, la circunstancia de no haberse extendido el certificado del estado de emergencia no puede constituir un obstáculo para demostrar que esa condición efectivamente existió.