La recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1.
El máximo Tribunal estimó que, la autoridad recurrida se encontró legalmente facultada para no renovar los servicios a contrata de la parte recurrente.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia apelada.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Suplente Jorge Zepeda.
El Máximo Tribunal señaló que apareció de manifiesto que el recurrido reunió los requisitos exigidos por el Decreto Ley N° 321 para la concesión de libertad condicional.
Imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de asociación ilícita, obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.
El máximo Tribunal rechazó el recurso porque en la resolución impugnada no existe pronunciamiento sobre la materia de derecho respecto de la cual se pretende la unificación de jurisprudencia.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que acogió la demanda de cobro de pesos presentada por el hospital por $16.609.307.
El Tribunal estableció el actuar injustificado e improcedente de la demandada al no justificar la causal de necesidades de la empresa, al desvincular a la trabajadora.
El Tribunal de alzada consideró que la sentencia recurrida, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se adoptó con infracción a la norma legal.
