La Corte consideró que los fundamentos del acto administrativo no se ajustan a las causales de expulsión que detenta la autoridad pública.
Por otro lado, el máximo Tribunal español mantuvo las absoluciones para los otros siete acusados en la causa.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt indicó en su sentencia que la arbitrariedad denunciada por el actor no concurrió en la especie.
La Corte de Apelaciones de La Serena indicó que el objeto del arbitrio perdió oportunidad.
Corte de Rancagua señaló que actuar del organismo público vulneró el derecho de propiedad del recurrente.
El recurrente es una empresa que otorga capacitaciones para deportes extremos y deporte aventura.
La Corte señaló que de acuerdo a lo informado por Carabineros y por el Ministerio Público no se logró verificar la existencia de actuación de alguna autoridad que amenace o perturbe de manera arbitraria o ilegal la garantía contenida en el N°7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República
En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el artículo 80 de la LOCTC, esto es, que contiene referencias que no se condicen con los antecedentes acompañados.
Los amparados consideran vulnerados su derecho a la libertad personal y seguridad individual.
La Corte de Coyhaique indicó que, si bien la recurrida fundó la resolución mediante la cual puso término anticipado a la contrata de la recurrente, en el decreto respectivo, dichos fundamentos los sustentó en situaciones de hecho erradas e inexactas.
