La empresa presentó el programa de cumplimiento luego que la SMA le formulara un cargo calificado como gravísimo por la ejecución del proyecto “Urbanización y Loteo Costa de Montemar VI Etapa” en el área protegida Santuario de la Naturaleza “Campo Dunar de la Punta de Concón” y afectación de duna adyacente, sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental que lo aprobara.

La instancia resolvió las discrepancias suscitadas durante la tramitación y acordó temas referidos a filiación, derechos laborales y actualización de la ley de identidad de género.

La resolución señala que, como se advierte, el recurso de casación en el fondo ve mermado el vigor de sus basamentos al no haber denunciado la vulneración de las normas que, en la especie, tuvieron el carácter de decisorias de la litis, es decir, las que sirvieron para resolver la cuestión controvertida.

La magistrada analizó el concepto de familia, entendiéndolo como dinámico y dependiente de variables sociales, culturales y regionales, sin una definición categórica en la legislación chilena e internacional, estableciendo que la madre biológica, quien se sometió a reproducción asistida, su pareja e hijo conforman una familia.

Alegan que se los privó de intervenir en el debate de normas reglamentarias haciendo el uso de la palabra lo que contraviene la libertad de expresión garantía básica en un proceso democrático de deliberación y búsqueda de acuerdos.

La sentencia sostiene que cabe tener presente en este análisis que el legislador de la Ley N°20.855 no ha incurrido en ninguna confusión u olvido. En el texto legal se hace una distinción neta de las hipotecas y las prendas como garantías específicas y generales, en cada caso.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

En esas comunicaciones, el abogado le imputó ilícitos civiles y penales, los que no contaban con respaldo en sede jurisdiccional, lo que indudablemente perturba el derecho a honra y crédito personal de la recurrente.

El procedimiento para tales efectos se encuentra regulado en el artículo 53 de la Ley N°19.880.

Al no entregar oportunamente los fondos pagados por error, la institución ha conculcado el derecho de propiedad del recurrente.