El requirente alega que las normas legales objetadas infringen el principio de legalidad, el debido proceso, el principio de la irretroactividad de la ley penal y el principio de presunción de inocencia, desde que a pesar de que no existe un nexo causal entre la conducta del ex Director General con la causación del resultado, se le atribuye la participación en apremios ilegítimos por el carácter de alto mando, en circunstancias que, sus instrucciones no fueron impartidas para ordenar que los oficiales o suboficiales a su cargo cometieran delito alguno durante el estallido social.

El acusado fue observado por los agentes policiales mientras vendía papelillos de pasta base en la puerta de su casa, indicio habilitante del control investigativo y registro posterior por delito flagrante. Los funcionarios encontraron en el inmueble diversas dosis de pasta base, cocaína y marihuana listas para ser vendidas.

El actor adujo que, el director del nosocomio de Antofagasta carecía de la facultad para rechazar un recurso que buscaba revertir la destitución impuesta por un sumario, en circunstancias que el artículo 36 letra f) del D.F.L Nº1 sitúa al Director del recinto como el jefe de dicho servicio, por lo que el sumario y destitución alegados se ajustaron a derecho.

Ni el fiscal superior ni los tribunales se esforzaron en explicar por qué no había sido necesario un examen psiquiátrico y psicológico forense. Las autoridades adoptaron esta actitud, a pesar de la conclusión de un psicólogo de que podría haberse producido violencia sexual.

La entrega del requerido quedará diferida a la culminación de los procesos criminales que el encartado enfrenta en Chile, ya que enfrenta tres investigaciones por su presunta participación en delitos de robo en lugar habitado en diversos inmuebles de la capital.

No albergamos ninguna duda que la víctima se consideraba una mujer y que tenía todo el derecho a ser tratada como tal y por el nombre “Marcelina”, que ella había elegido. Así se presentaba ante cualesquiera personas y organismos. Sin embargo, a la vista de los preceptos citados no podemos optar por atribuir la competencia a los juzgados especializados.

La instalación de la antena de telefonía celular cumplió con los trámites previos ante el municipio, y no constituye -en principio- ningún riesgo para la salud de los vecinos, ni para la salubridad de las aguas de un pozo cercano utilizado por la comunidad, como quisieron hacer ver los recurrentes para solicitar su desinstalación.

La actora acusó que fue informada como morosa en el boletín comercial, en circunstancia que la deuda observada se produjo por una estafa, error que fue advertido por DICOM que eliminó a la recurrente del registro, por lo que el recurso de protección fue desestimado por la magistratura por falta de oportunidad.

El hecho de que la Corte Suprema de Arizona haya determinado que la ley estatal de aborto es ejecutable plantea importantes preguntas sobre el futuro de los derechos reproductivos en el Estado y en el país en su conjunto.

La empresa demandada no solo no ha dado cumplimiento al régimen legal precitado, sino que deberá de resarcir al actor. Ello por cuanto el mismo, en su calidad de usuario y haciendo uso de sus derechos, se inscribió en el Registro Nacional “No Llame” y, a pesar de ello, continuó recibiendo oferta de productos y servicios en clara infracción al mismo, lo que deja en evidencia una clara violación al deber de trato digno.