Además, establece que los vehículos del transporte remunerado de pasajeros deberán contener, en un lugar visible al público, una advertencia clara y expresa de la pena más alta que arriesgan aquellos que atenten contra la integridad de conductores.

Lo anterior, no impide que los Servicios Sanitarios Rurales que carezcan de derechos de aprovechamiento puedan solicitar autorización con cargo al decreto de escasez, por un caudal determinado, para extraer recurso hídrico para fines de consumo humano o saneamiento.

El Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para la creación de una Policía militar especializada, encargada de resguardar las fronteras del país.

La causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, está establecida en favor del órgano requerido, sin que un tercero pueda invocarla erigiéndose en una especie de agente oficioso.

El actor debía proporcionar evidencia que le permita al juez inferir la probabilidad de daño de una magnitud suficiente para superar el interés público en proteger la libertad de expresión del demandado. Además, la legislación exige alguna prueba que permita al juez inferir un nexo de causalidad entre la expresión del imputado y el daño sufrido. Y existe una escasez de pruebas respecto al presunto daño causado.

El cumplimiento o incumplimiento del contrato administrativo es una materia que debe ser de conocimiento del respectivo órgano jurisdiccional que en causa de lato conocimiento resuelva el conflicto jurídico suscitado entre las partes.

Incorpora las afecciones psicológicas dentro de los beneficios por accidentes y enfermedades que puedan afectar a los miembros de los Cuerpos de Bomberos.

La normativa obliga a las partes a desenvolverse con lealtad y buena fe en su actividad procesal y en sus relaciones con el tribunal. Se advierte una actitud de la accionante y su patrocinante reñida con la buena fe y lealtad, presentando dos días después de tener una respuesta jurisdiccional la misma acción sin denunciar la anterior y cambiando al demandado en un burdo intento de hacer caer en error al tribunal.

Los préstamos, que buscaban atacar los efectos sociales y económicos del Covid-19, hoy se convierten en un inconveniente, se asegura en la resolución aprobada por la Sala.

La magistrada acogió la acción tras establecer que el establecimiento demandado no se encontraba facultado para no renovar la matricula, incurriendo en incumplimiento del contrato de prestación de servicios educacionales pactado, por lo que le ordenó pagar la suma de $2.000.000 por concepto de daño moral, a los padres de la menor.